La batalla política por el adoquinado de Las Ocho Puertas y la Plaza Colón ha dejado de ser una discusión técnica sobre materiales y drenajes para convertirse en un pulso por el relato de la gestión municipal en Linares. Lo que comenzó como una actuación de reurbanización se ha transformado en un símbolo: para el PSOE, el ejemplo de una ejecución fallida por parte del actual Gobierno; para el PP, la prueba de los errores de planificación heredados.
Los populares defienden su actuación frente a las críticas del principal partido de la oposición y situando la polémica en el terreno de la corrección de proyectos heredados. Su coordinador local, Enrique Mendoza, recuerda que ambos proyectos fueron tramitados y adjudicados durante el mandato del PSOE de Javier Perales, y sostiene que las modificaciones realizadas por el actual Gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Auxi del Olmo, son correcciones necesarias a planteamientos técnicos que resultaron inadecuados.
Para Mendoza, la responsabilidad de los sobrecostes y los retrasos detectados —como los 360.000 euros adicionales en el adoquinado— recae en decisiones adoptadas por el anterior Gobierno (PSOE-IU). El dirigente popular subraya la cronología administrativa: desde la resolución de adjudicación en septiembre de 2022 hasta la firma del contrato en mayo de 2023, apenas días antes de la toma de posesión del nuevo equipo de Gobierno. Según su relato, las obras iniciadas en junio de 2023 siguieron el proyecto heredado y solo se han modificado para garantizar elementos imprescindibles como arbolado, mobiliario urbano e iluminación, así como para completar expropiaciones pendientes.
Frente a esta defensa, el PSOE sitúa la responsabilidad en la fase de ejecución. El concejal y miembro de la Ejecutiva socialista, Juan Olmo, acusa al PP de “faltar a la verdad” y de trasladar a la opinión pública un relato parcial, y subraya que la ejecución de las obras es competencia exclusiva del actual Gobierno local.
Para los socialistas, las paralizaciones reiteradas y las decisiones administrativas adoptadas desde junio de 2023 —como cambios en direcciones facultativas o retrasos en pagos a la empresa constructora— han generado sobrecostes que terminarán pagando los vecinos. Olmo cifra en casi tres millones de euros el incremento derivado de la reforma del Estadio Municipal de Linarejos y medio millón por ajustes en el proyecto del Arroyo Periquito Melchor, insistiendo en que los retrasos y la falta de previsión afectan directamente a la economía de las familias.
El choque de versiones evidencia dos concepciones diferentes sobre la gestión pública: mientras el PP prioriza la fase de diseño y adjudicación como determinante de la obra, el PSOE enfatiza la ejecución y el control posterior como medida de responsabilidad política. Entre ambas posiciones se encuentra la compleja realidad de la Administración municipal, donde la sucesión de decisiones técnicas, modificaciones de obra y certificados de ejecución condiciona resultados y costes.
La controversia no es menor. Las Ocho Puertas y la Plaza Colón no son espacios periféricos, sino enclaves con carga simbólica y tránsito cotidiano. El debate sobre su adoquinado ha trascendido la estética para instalarse en el terreno de la credibilidad política. El PSOE habla de propaganda y exige rigor; el PP denuncia una campaña anticipada y reivindica su capacidad para “arreglar el desaguisado”.
Sea como fuere, la disputa encierra una pregunta incómoda para ambos: si un proyecto puede ser técnicamente correcto en el papel y problemático en la práctica, ¿quién asume el coste político cuando la ciudad percibe que algo no ha salido como se prometió? En esa respuesta —más que en el propio pavimento— se juega buena parte del debate público en Linares.
