La Junta de Andalucía ha dado luz verde a una inversión de más de 46 millones de euros para ayudar a los municipios de más de 20.000 habitantes a mantener y reforzar sus servicios sociales comunitarios, que se constituyen como el primer nivel de atención a los ciudadanos más vulnerables para la valoración de sus necesidades y la planificación de futuras intervenciones.
La comunidad cuenta actualmente con la red de centros de este tipo «más extensa» del país, con 253 recursos disponibles, en la que trabajan más de 50.000 profesionales, el 95% mujeres, y atienden a más de un millón de personas.
En concreto, según la orden que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha publicado el pasado 15 de junio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultada por este medio, el Ejecutivo autonómico va a distribuir este año un total de 46,6 millones de euros (45,5 con cargo al Presupuesto andaluz y 1,1 de remanentes de ejercicios anteriores) entre 97 ayuntamientos y diputaciones provinciales, con cuantías que, en el caso del Consistorio linarense, llegan a los 294.600,47 euros.
El dinero se destinará a garantizar la continuidad de los efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales de Andalucía y, específicamente, de las contrataciones realizadas por las entidades locales para reforzar sus Servicios Sociales Comunitarios, en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de Renta Mínima de Inserción Social.
Asimismo, se reforzarán los equipos de atención a la infancia y la familia, en el marco del programa de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), orientado a la prevención de detección precoz de cualquier riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias.
Los gastos que financiará la consejería que lidera Loles López, ahora en funciones, serán los relativos a personal de los equipos, preferentemente profesionales de la educación social, la psicología y el trabajo social, además de abogados especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, cuando sea necesario; gastos de formación para dotar de competencias a los profesionales y a las familias, y materiales de apoyo a la formación, entre otros.
