Tras dos años de pandemia y en un mes de agosto inusualmente convulso por la crispación generalizada que existe en la Corporación de Linares, el nuevo el Gobierno local (PSOE e IU) ha sumado otro frente en forma de tormenta política por una revuelta de los dos principales partidos de la oposición (PP y Cs) a cuenta de la gestión del superávit municipal y del remanente de tesorería para un proceso de mejora de los barrios, un plan de empleo y medidas de apoyo al comercio. En total, el Ayuntamiento linarense plantea utilizar 10 millones de euros para estos menesteres a partir de septiembre.
Se trata, en resumidas cuentas, de una práctica habitual de las administraciones locales como vía de recuperación económica. En Linares tiene, además, un matiz singular, los presupuestos están prorrogados. Esto significa, en pocas palabras, que las partidas están agotadas, por lo que solo se puede recurrir a modificaciones de crédito, endeudamiento o emplear el ahorro que hay en caja.
Desde 2012, el Consistorio minero ha ido reduciendo su deuda a la mínima expresión, debido básicamente a los ajustes económicos impuestos por Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera del ministro Montoro, para bajar los abultados números rojos de las entidades locales. Así, el descenso ha sido continuado hasta situarse en poco más de siete millones de euros.
En noviembre de 2019, la entonces concejal de Hacienda, Noelia Justicia, aseguró en sesión plenaria: El Ayuntamiento de Linares está saneado y tiene capacidad suficiente para hacer frente a sus obligaciones, garantizar los servicios de la ciudad y aplicar las políticas del equipo de Gobierno. Luego llegó la pandemia.
Flexibilidad en el gasto
En ese contexto, los alcaldes de numerosos ayuntamientos de todo el país, de distinto signo político, solicitaron al Gobierno de Pedro Sánchez poder gestionar el superávit municipal y el remanente de tesorería con el fin de favorecer la desescalada de la crisis sanitaria.
En 2020, el Ministerio de Hacienda aceptó e impulsó un nuevo decreto ley para que los ayuntamientos contarán con más recursos para hacer frente al Covid-19 que, entre otras cosas, incluía la suspensión de la regla de gasto. Esto fue aprovechado por muchas administraciones locales para poner en marcha todo tipo de medidas para paliar los duros efectos del coronavirus.
Responsables de Ciudadanos y Partido Popular han puesto el grito en el cielo por las inversiones anunciadas por el concejal del ramo, Javier Palacios, con los fondos del remanente.
Sin embargo, el pasado 26 de julio, el PP de Palma de Mallorca exigió al alcalde de la ciudad, José Hila (PSOE), que utilice los 70 millones de euros del remanente para ejecutar las inversiones previstas y «no endeude más» al Ayuntamiento.
El abril, el Consistorio de Alicante, en manos del Partido Popular, disponía de hasta 80 millones en ahorros para habilitar ayudas o ejecutar nuevas inversiones con el fin de impulsar la recuperación económica de la capital frente a los efectos de la crisis del coronavirus o al más reciente impacto generado por la crisis de la energía y por la guerra de Ucrania.
En Mairena del Aljarafe (Sevilla), donde gobierna el socialista Antonio Conde, se acaba de aprobar un plan de inversiones procedente del remanente, por valor de 10 millones de euros, para mejorar las infraestructuras municipales y las zonas verdes.
En Baracaldo, ciudad de Vizcaya con una población de poco más de 100.000 habitantes, la alcaldesa del PNV, Amaia del Campo Berasategi, invertirá 9 millones de euros del excedente de tesorería para dar un «nuevo impulso a la mejora de los barrios de la localidad». La lista de municipios con unas previsiones similares a Linares es interminable e independiente del partido que gobierne.
Cometieron dos errores
El principal problema de la coalición PSOE-IU es que ha cometido dos errores de bulto. El primero prometer la aprobación de los presupuestos de 2022 nada más llegar al poder. Se cumple un mes de la moción de censura y esa idea se ha descartado por «problemas técnicos». Ahora plantea llevar a pleno, en octubre, los de 2023, incumpliendo, de este modo, la palabra dada.
El otro fallo fue del concejal de Hacienda a la hora de no saber explicar en una entrevista en un medio local porqué las «arcas estaban vacías». La faltó didáctica porque su planteamiento iba dirigido a que las partidas presupuestarias estaban agotadas por la prórroga de las cuentas.
Dos movimientos equivocados que, como es lógico, han dado artillería de sobra a la oposición y a las redes sociales para cargar con extrema crudeza contra el equipo de Gobierno.
Cilu valora la inversiones con el remanente
Por su parte, Cilu, partido que apoyó la moción de censura, valora el plan de inversiones financiado con el remanente de tesorería (dinero no gastado en ejercicios pasados por falta de ejecución del presupuesto). A pesar, dicen, «de la falta de información suministrada por el equipo de Gobierno anterior».
También recuerda en una nota que plantearon en diferentes comisiones impulsar un ambicioso plan de inversiones con el remanente que abordaba prácticamente todas las áreas y contemplaba importantes obras en materia de infraestructuras y de mejora general de la ciudad.
El portavoz de la formación municipalista, Javier Bris, pide que «se explique con pelos y señales en qué estado se encuentran las cuentas municipales», ya que, según indica, «si es cierto que se han realizado más de 30.000 operaciones contables estaríamos ciertamente ante un saqueo de las arcas públicas mientras entretenían la moción de censura en los juzgados», por lo que «por parte de Cilu vamos a esperar a tener todo negro sobre blanco para pronunciarnos», advierte en el comunicado.
