El arquitecto del Ayuntamiento de Linares, Rafael Rascón, ha sido citado a declarar en calidad de investigado por la Sección y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de la ciudad minera, tras la admisión a trámite de una querella interpuesta por el que fuera jefe de las obras de la planta de Desay SV en el Parque Científico Tecnológico del Transporte, Salvador Valero.
La querella fue admitida a trámite y se abrieron diligencias previas por la jueza instructora ante la posible existencia de un delito de coacciones, por el que el funcionario deberá declarar el próximo 9 de diciembre. La titular del citado juzgado se basa en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El conflicto de la denuncia gira en torno a la contratación de Salvador Valero por la empresa encargada de construir la nave industrial de la multinacional china en la parcela C del recinto. Según el cuerpo de la querella, el arquitecto municipal, «de forma personal y directa», generó un «ambiente de trabajo hostil, dificultando la labor que tenía encomendada» el denunciante hasta tal punto de «despreciarlo como técnico» con el fin de hacer todo lo posible por «incomodarlo, malmetiendo con el resto de los miembros de la dirección facultativa».
Presión y acoso
De acuerdo siempre con la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, debido a la «presión a la que fue sometido» y «acosado por las circunstancias», Salvador Valero, con más de 30 años de experiencia como arquitecto técnico, fue despedido del puesto de trabajo.
En esta línea, el querellante acusa al empleado público de «coaccionar y extorsionar» a la empresa para que fuera despedido, «sin ningún escrúpulo ni motivo profesional», expone. Es más, según la denuncia, la propia firma reconoció en todo momento «lo injusto de la situación», según recoge el documento.
Éste y otros hechos que se detallan en la denuncia, llevaron a Salvador Valero a interponer la querella el pasado 18 de septiembre y, a finales de octubre, la jueza decidió abrir diligencias previas y citar al arquitecto municipal, si bien «pudiera hacerse extensiva al Ayuntamiento por presunta complicidad pasiva».
Este periódico ha tratado de conocer la versión de Rafael Rascón, quien ha declinado realizar declaraciones al respecto, puesto que el caso está en manos de su abogado. De la misma manera, El Nuevo Observador ha solicitado información al Consistorio linarense sin recibir respuesta alguna.
