La Audiencia de Jaén tiene previsto acoger desde este lunes y durante toda la semana el juicio contra el que fuera el director de la única oficina bancaria de Linares-Baeza acusado de estafar más de cinco millones de euros a unos 300 clientes. El juicio estaba previsto para el pasado mes de noviembre, pero cambio de fecha a petición de las defensas.
La vista comenzará el día 13, a partir de las nueve y media de la mañana, y se prolongará hasta el 17 de febrero, según recoge el auto del presidente de la sala al que ha tenido acceso El Nuevo Observador.
Por el tribunal pasarán más de 30 testigos, entre ellos uno protegido, así como los agentes que llevaron el peso de la denominada operación Arcarius, por la que fueron investigadas 19 personas.
Finalmente se sentarán en el banquillo 12 personas acusadas de los delitos de apropiación indebida, falsificación de documento mercantil, blanqueo de capitales, insolvencia y coacciones.
Esta citación llegada más de una década después de que los afectados descubrieran que el director de la sucursal de CajaSur había saqueado supuestamente sus cuentas.
Un agujero de algo más de cinco millones de euros que dio pie a una de las investigaciones más complejas desarrolladas por la Policía Nacional en Jaén, con ayuda de expertos en delincuencia económica.
Trama
La primera fase de la llamada operación Arcarius puso al descubierto una trama de delincuencia económica y financiera a cargo del principal acusado que tenía una banca paralela con la que supuestamente blanqueaba dinero y utilizaba los fondos de los clientes estafados para rentabilizar inversiones.
Junto con el director de la oficina bancaria, que ingresó en prisión en noviembre de 2011, la Policía Nacional detuvo a otras 18 personas, entre ellas directores generales y ejecutivos de grandes empresas nacionales.
El modo de operar en esta presunta estafa tenía varias modalidades como el desvío de fondos aportados por los clientes para la constitución de imposiciones a plazo fijo u otros productos de ahorro con características similares. También contemplaba la cancelación anticipada, sin conocimiento ni consentimiento del cliente, de imposiciones a plazo fijo.
También se le acusa por parte del Ministerio Público de disponer de fondos de las libretas, sin conocimiento ni consentimiento de los clientes, manipulando el saldo de las mismas, para que la falta de fondos no fuese detectada por los clientes. Del mismo modo, de disponer de los fondos que los clientes aportaban para la cancelación de los préstamos, simulando la cancelación de los mismos y desviando los fondos para otros fines.
Dentro de la estafa se recoge, igualmente, la formalización de préstamos por parte del acusado, a nombre de clientes, sin su conocimiento y consentimiento.
Otra modalidad era engañar a clientes que mantenían deudas con la entidad, tanto con garantías hipotecarias como personales, ofreciendo la dación en pago de los inmuebles que mantenían en la misma para cancelar dichas deudas, sin posteriormente proceder a dicha cancelación y apropiarse de forma personal de dichos inmuebles, sin cancelar las deudas que los clientes mantenían en la entidad.
Colaboración de familiares
Añade el Fiscalía que con la finalidad de dar al dinero obtenido apariencia de legitimidad y evitar que se pudiera descubrir su origen ilícito, el encausado, con la colaboración supuestamente de su esposa, su hermano y su cuñada, así como del resto de encausados, quienes conocían, según la investigación, tal circunstancia, -valiéndose de cuentas inactivas de clientes o que habían solicitado cancelar, o incluso mediante entregas en efectivo o a través de cheques- desvió fondos depositados en la entidad que dirigía a empresas propias o a terceros.
De esta forma, «crearon un complejo entramado de personas físicas, y personas jurídicas, al frente de las cuales se encontraban familiares, allegados y empleados, que mediante el anterior procedimiento lograban que ese dinero obtenido de manera ilegal fuera integrado en el sistema legal con apariencia de haber sido obtenido de manera lícita».
El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, otro de blanqueo de capitales, insolvencia punible y coacciones.
Por ellos, al principal encausado le reclama 12 años de prisión. Además, en concepto de responsabilidad civil, se les solicita que indemnicen a la entidad en los algo más de cinco millones que se han calculado como estafados.
Yo fui uno de los afectados con el tema de la vivienda
Que le pregunté el juez a los de Cajasur que han hecho con los préstamos y las hipotecas??? Todas han sido vendidas a fondos buitre financieros para quitárselos de encima , que investiguen a Cajasur no sólo a este señor