Un pleno del Ayuntamiento de Linares tan extraordinario como polémico ha permitido aprobar por unanimidad el acuerdo marco para que las asociaciones sociales y de salud de la ciudad puedan cobrar las subvenciones municipales para gastos corrientes y mantenimiento de su actividad mediante un sistema más accesible.
El convenio, que garantiza las ayudas de este ejercicio y del próximo, ha visto la luz después de que el equipo de Gobierno haya desbloqueado el proceso que estaba atascado desde el pasado mes de diciembre. Ha sido en julio, según ha constado la concejal de Bienestar Social, Paqui Díez, cuando se ha dado el empujón definitivo. Una versión que contrasta con la de su predecesora, Auxi del Olmo, quien asegura que «dejó todo preparado en mayo».
Todos los grupos han celebrado el paso dado por la Administración local, si bien el debate se ha centrado en la excepcionalidad de la convocatoria de la sesión plenaria en el mes de agosto y en quién se apunta el tanto de este trámite tan importante, por otro lado, para los asociaciones que trabajan en beneficio de los linarenses, tal y como ha subrayado la presidenta de Parkinson Linares-Jaén, Sacramento Expósito.
Ha sido ella, precisamente, la que ha puesto sentido común y cordura a una discusión estéril por parte, principalmente, de Ciudadanos, cuyo portavoz, Antonio Barrios, ha cuestionado la urgencia del pleno en un mes de vacaciones. Si bien es cierto que, consciente de su equivocación, ha pedido disculpas acto seguido. E igual de cierto es que su crítica iba más encaminada a la liberación de la concejal de la teniente de alcalde y concejal de Cultura, Turismo y Educación, Sheila Carmona, quien percibirá 30.002 euros por su dedicación en exclusiva al puesto.
En este punto el debate ha subido de temperatura por el baile de cifras que equipo de Gobierno y Partido Popular y Ciudadanos han ofrecido sobre lo que costará la liberación de siete concejales de PSOE e IU hasta que acabe el mandato y lo que percibían sus predecesores.
Barrios, en un tono desafiante, ha acusado al alcalde -al que llama señor Perales en todas sus intervenciones para evitar reconocerlo como regidor- de aumentar la partida de manera considerable en este capítulo. Según sus datos, el gasto en sueldos del actual Gobierno municipal será de 307.000 euros brutos anuales, frente a los 190.000 euros que percibía el saliente en el momento de la moción de censura.
Como es lógico, tanto Javier Perales como Sheila Carmona ha refutado esos números y han defendido su dedicación exclusiva a la responsabilidad que desempeñan. Al hilo, el alcalde ha recordado a Barrios que que este mes ha cobrado 1.234 euros por asistencia a comisiones y a plenos, por lo que le ha emplazado a proponer iniciativas y a llegar a acuerdos para reducir estos gastos que salen del bolsillo de los contribuyentes.
La portavoz del PP, Ángeles Isac, ha mostrado su oposición a la nueva liberación, al tiempo que ha reconocido que este tipo de discusiones no conducen a nada, mientras que su homóloga en IU y teniente de alcalde, Sheila Carmona, ha dicho que no se ha incluido antes su liberación para evitarle un sueldo al Ayuntamiento, percibiéndolo de su empresa en la que estaba de vacaciones en el mes de julio.
Como dato anecdótico, ha sido uno de las sesiones con menos asistencia presencial desde que se recuperó la normalidad tras la pandemia. Solo han estado presentes en la Estación de Madrid quince concejales. El resto ha seguido el pleno de manera telemática.
