Desde hace unos años, la okupación de viviendas en España ha sido retratada como una amenaza creciente, protagonizada por grupos organizados que entran a la fuerza en casas ajenas, dejando a familias en la calle. Luego existen otros escenarios en los que la buena voluntad del propietario se convierte en drama cuando el inquilino se niega a abandonar la casa.
Fernando tiene un piso próximo a la plaza de toros de Linares. Lo reformó completamente para crear un hogar junto con su esposa. Sin embargo, al poco tiempo, le detectaron el síndrome de Brugada, una enfermedad caracterizada por una anormalidad electrocardiográfica y un aumento del riesgo de muerte súbita cardíaca. Este diagnóstico le impide realizar esfuerzos, como subir escaleras. Su vivienda está en un cuarto sin ascensor, por lo que residir ahí era inviable para él, por lo que se marchó a un bloque más accesible de otro barrio de la ciudad.
A Fernando le hablaron en la primavera pasada de un joven que estaba buscando un lugar para vivir con su novia embarazada. La idea era que cuando ella diera a luz y, después de un tiempo prudencial, dejaran el piso. El trato entre el dueño y el hombre fue de palabra, sin papeles de por medio, a cambio de un alquiler de 300 euros al mes. «Un precio simbólico, dada la situación de ambos», apunta a este periódico Fernando.
Fue, en cierta forma, «un acto de generosidad» para que estuvieran «cómodos antes del parto y pudieran tener al bebé con tranquilidad», remata. Todo se torció a raíz de la separación de la pareja. Él se quedó solo en el inmueble y entonces comenzaron los problemas para el propietario y la comunidad de vecinos.
Ruidos, gritos, peleas, destrozos en las zonas comunes y un trasiego constante de personas, algunos de ellos menores. Las llamadas de atención de los residentes no sirvieron de nada. El morador lejos de rebajar la tensión, la aumentaba con continuos conflictos de convivencia. La situación empezó a irse de las manos a partir de Navidad.
Fernando no solo le reclamaba que abandonara el piso, sino también que le pagara las cantidades adeudadas en concepto de arrendamiento. Ni una cosa ni la otra. Los residentes alertaron en numerosas ocasiones a Fernando del vía crucis que estaban padeciendo.
En este contexto, y ante las quejas del vecindario, no tuvo otro remedio que presentar una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional relatando los hechos y los problemas que su inquilino estaba causando tanto a él como al resto del bloque.
La sorpresa para Fernando y su mujer, Liliana, llegó cuando leyeron en la prensa que su piso había sido objeto de una operación policial por venta de droga y fumadero, en el que estaban implicadas hasta adolescentes. El hombre, de 34 años de edad, fue detenido y en el transcurso del registro los agentes se intervenieron distintas cantidades de estupefacientes, como cocaína, marihuana, cocaína rosa y anfetaminas, repartidas en dosis dispuestas para su distribución, así como fármacos derivados de las benzodiacepinas, todos ellos sujetos a prescripción médica (rivotril, alprazolan). Se le llamó operación ‘Albero’.
Fernando aprovechó el arresto de su inquilino limpiar y adecentar la «leonera» en la que se había transformado su inmueble recién rehabilitado. Pero olvidó cambiar la cerradura al creer que los delitos por los que estaba acusado el inquilino le llevarían directo a la cárcel. Pero no fue así. Salió en libertad y regresó a la vivienda de la que no consiguen sacarlo. No responde al portero ni a las llamadas telefónicos. Se han atrincherado y no existe manera de echarlo.
El dueño está desesperado y arrepentido de haberle cedido su propiedad en un «acto de fe». «Estamos en shock, muy tristes, siento mucha rabia porque han violado nuestra confianza, no esperábamos que la situación acabara así», señala Liliana. «La situación pasa de ser alarmante a dramática», añade con pesadumbre. El matrimonio que reside con su nieta en la calle Julio Burell vive del sueldo que gana Fernando, con el que a duras penas llegan a final de mes. El alquiler de ese piso era un balón de oxígeno para mejorar la economía familiar. Ahora se ha convertido en una auténtica pesadilla.
Fotografías: Policía Nacional
