El PP actual parece entregado a una causa concreta bien distinta a la que en teoría le corresponde de liderar la oposición al Gobierno de Sánchez. Los populares, acordando a escondidas durante dos años el reparto del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE, se han entregado al mangoneo institucional on los socialistas y han elegido convertirse en meros instrumentos del autócrata, en verdaderos cómplices del golpe a la Constitución que están perpetrando a cara descubierta el presidente y sus socios de Gobierno.
Los de Feijóo han optado por dar oxígeno a ese mismo PSOE de la humillación permanente al poder constituyente, de la pulsión totalitaria de Sánchez con la prensa libre y de las alarmantes amenazas a los jueces que, en el libre ejercicio de sus competencias jurisdiccionales, malogran las pretensiones del presidente y los intereses de su banda, señalan a su entorno familiar y personal o erosionan con sus acciones la fabulación gubernamental.
Los españoles hemos padecido la vergüenza de ver al partido en el Gobierno sellar acuerdos con interlocutores nacionales sobre asuntos internos con mediador y en suelo extranjeros y con resultados contrarios al interés general. Ahí es nada.
Y si ya fue mala la entrega en Suiza de la gestión tributaria al separatismo en las regiones que padecen este veneno para la concordia, peor aún ha sido el reparto en Bruselas del CGPJ, el órgano de gobierno de un poder público que debería, a todas luces, ser independiente. El PP suma un efecto agregado y decepcionante de traiciones, que puede calificarse abiertamente ya de fraude a los españoles, particularmente a sus votantes.
Pocos a la derecha del PSOE entienden hoy que el mismo partido que convocó a los españoles a manifestarse contra la amnistía de Sánchez a los golpistas tenga tanto interés en pactar con los socialistas el reparto de sillones sabiendo que es un Gobierno tan débil como poco de fiar, cuando bastaba únicamente con resistir a las presiones.
Posiblemente haya en tal afirmación un error de partida y es el suponer que el PP es cosa distinta del PSOE, porque están haciendo un esfuerzo inmenso en parecerse —que no es lo mismo que entenderse—, empezando por ese interés común por el poder a toda costa que homologa a uno con otro, un interés tentacular que ha permitido al PSOE colonizar las instituciones del Estado y que solo trabaja para sí. Lo hemos visto cuando alcanzado el poder, el PP ha actuado de consolidador sistemático de las políticas del PSOE. Disfrutó una mayoría absoluta sin restitución o cambio de rumbo porque no hay realmente una propuesta alternativa.
Comparten muchas de las políticas, por supuesto, pero muy especialmente la búsqueda del poder, cómo alcanzarlo, fortalecerlo y acrecentarlo para poder perpetuarlo o, en su caso, recuperarlo si vienen mal dadas. Y en todo proyecto de poder siempre hay un programa de máximos. El control total, pero disimulado. Un juego de apariencias en el que debilitar las instituciones y los contrapesos entre los poderes públicos es más útil y eficaz que eliminarlos.
En ese juego, están lógicamente más a gusto quienes comparten un proyecto de poder que quienes creen en otra cosa. Por eso al PP no le duelen prendas en pactar la entrega del Tribunal Constitucional, el reparto de sillones en el CGPJ y la rendición del Tribunal Supremo o lo que haga falta. El PP consiente y se mezcla en un movimiento que le permite al PSOE salirse con la suya porque sueña con disfrutar ese poder cuando lo alcance y gestionarlo mejor.
Por eso les estorba VOX, porque VOX continuamente les pone las cartas bocarriba y a la vista de todos. El PP de Feijóo ha entregado en bandeja el órgano de gobierno de los jueces. Y aquí solo caben dos interpretaciones: o sabe lo que ha hecho o no lo sabe. Si lo sabe y nos está tratando de vender las bondades del acuerdo, es cómplice. Y si no lo sabe, es de una candidez inhabilitante para liderar tanto la oposición en la que está como el hipotético Gobierno al que aspira.
En estos días, nada se aparta del guión. El feliz argumentario de las partes interesadas y sus voceros respecto del acuerdo sobre el CGPJ busca distorsionar la realidad y nublar el entendimiento para alejar a una del otro y que no veamos una verdad incómoda que es necesario formular y reconocer: el CGPJ, con este «acuerdo histórico», no es independiente. Y no lo será mientras los políticos participen directa o indirectamente en la elección del gobierno de los jueces.
Es lo que tiene la propaganda: siempre es devastadora porque siempre hay quien se la cree. En lugar de aspirar a una separación cierta entre poderes independientes, aspira el bipartidismo al mangoneo en que ha degenerado. Se ha pactado como mal menor un equilibrio presunto y dependiente que las partes interesadas venden como un éxito, cuando todo en Sánchez es desequilibrio o propende a él con un fin concreto en las antípodas del interés general.
Frente a esta ignominia, convendría poner en valor la vía constitucional del art. 122.3 y que una Ley Orgánica ajustara la elección de los vocales del CGPJ a la voluntad del poder constituyente y no a la de los partidos políticos o las asociaciones politizadas y, por tanto, dependientes de la orientación política desde la que dirigen sus acciones.
Un estándar más pulcro y exigente que el frágil y peligroso subestándar que han acordado en Bruselas un PP traidor a España con un PSOE que ejecuta un golpe a la Nación desde el Gobierno con la ayuda de sus socios. Con la mirada puesta en un estándar elevado que deslumbre como la verdad de aquella belleza cegadora de «Friné ante el Aerópago» que inmortalizó Gérôme: un Poder Judicial independiente, donde los jueces elijan al gobierno de los jueces.
