El Gobierno de España permite, finalmente, a los ayuntamientos usar el superávit en inversiones financieramente sostenibles. El Ejecutivo ha aprobado un decreto ley por el cual permite que los consistorios puedan destinar su superávit a este tipo de inversiones sin que esto afecte al gasto corriente.
Con este real decreto-ley se pretende favorecer la actividad inversora de ambas administraciones, aprovechando que la situación financiera de muchos de estos territorios les ha permitido generar superávit y remanentes de tesorería en estos últimos años.
De esta forma, los recursos generados en 2024, tanto en el caso de las comunidades autónomas como de las entidades locales, se podrán destinar a las llamadas inversiones financieramente sostenibles, que contribuirán al desarrollo de importantes proyectos de interés público, entre ellos vivienda social. Todo ello sin que compute en la regla de gasto de 2025, 2026 y 2027, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
La medida, acordada entre el Gobierno y Junts per Catalunya, busca “facilitar y flexibilizar” la capacidad inversora de ayuntamientos y gobiernos autonómicos en un contexto de saneamiento de sus cuentas públicas.
Provincia
En el caso de la provincia de Jaén, los consistorios podrán destinar su remanente positivo de 68,61 millones de euros para inversiones en los citados servicios públicos esenciales. La medida viene a «reforzar lo público para hacer frente a las medidas de quienes legislan con la mirada puesta en los intereses de la privada», según detalla el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.
Fernández ha recordado que, hasta ahora, el superávit presupuestario «debía ser destinado forzosamente a la amortización de la deuda». Según el subdelegado, este cambio supone un nuevo acuerdo que «refuerza las acciones en defensa de los servicios públicos».
La nueva norma favorece la autonomía económica de los consistorios, «permitiéndoles contar con más recursos para mejorar sus servicios públicos esenciales, lo que redunda directamente en la ciudadanía». Entre las posibles mejoras se encuentran el abastecimiento de agua, el alumbrado público, la vivienda, la recogida de residuos o la implementación de medidas de eficiencia energética.
A esta medida se suma el incremento de más de un 8% de las entregas a cuenta para las entidades locales para el próximo año. Fernández ha señalado que esta hoja de ruta «contrasta claramente con la senda de continuos recortes de lo público que adoptada por el gobierno anterior».
Una vía excepcional para impulsar la inversión territorial
Así pues, el Ejecutivo abre la puerta a que los remanentes acumulados en los últimos años se canalicen hacia proyectos de interés público sin que computen en la regla de gasto de los próximos tres ejercicios, aunque sí lo harán en el objetivo de estabilidad presupuestaria. Los recursos deberán dirigirse exclusivamente a inversiones financieramente sostenibles.
Los proyectos tendrán que estar iniciados antes del 31 de diciembre de 2026. Si una actuación no pudiera ejecutarse completamente dentro de ese plazo, la parte restante podrá comprometerse en el año siguiente, siempre con cargo al remanente inmediatamente anterior y dentro del límite del superávit de 2024.
Condiciones: morosidad y destino del gasto
Para acogerse a esta regla especial, las administraciones territoriales deberán cumplir el periodo medio de pago a proveedores, fijado en un máximo de 30 días por la normativa de morosidad.
En el caso de los ayuntamientos, las inversiones podrán dirigirse a servicios esenciales: abastecimiento y saneamiento de agua, recogida de residuos, alumbrado público, vivienda, infraestructuras de transporte, centros docentes, recursos hidráulicos, asistencia social primaria o sociedad de la información, entre otros.
Las comunidades autónomas, por su parte, podrán impulsar actuaciones con impacto positivo en la lucha contra el cambio climático, la eficiencia energética o la reducción de gastos futuros, siempre dentro de sus competencias.
Una demanda de los municipios y un compromiso político
El Gobierno subraya que esta flexibilización permite aprovechar la “buena posición financiera” de numerosos territorios y da respuesta a una demanda reiterada por ayuntamientos y comunidades, especialmente en un momento de presión inversora en vivienda, agua, transición energética o infraestructuras sociales.
