La justicia y la política se enredan en Linares

El Ayuntamiento denuncia al portavoz de Cilu por, presuntamente, acceder a datos municipales de uso restringido sin autorización

Por:Javier Esturillo
Javier Bris (Cilu) y Raúl Caro-Accino (Ciudadanos).

Primero fueron los ‘tres sueldos de alcalde’, luego nombramientos a dedo y ahora una denuncia contra el portavoz de Cilu, Javier Bris, por presunta sustracción de datos municipales de uso restringido. Y todo ello a las puertas de una moción de censura. El panorama político de Linares, la segunda ciudad más importante de la provincia tras la capital, no para de complicarse, con visos de mantenerse así durante meses.

Si hace dos años, el exjefe de filas del PSOE y exalcalde, Juan Fernández, saltaba a los medios de comunicación como presunto autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, del que será juzgado el mes que viene por un jurado popular, este miércoles los linarenses se han desayunado la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento contra Bris por considerar que se extralimitó en el uso de la autorización de acceso al registro general de entrada y salida del Consistorio y al registro de expedientes administrativos, según avanza diario Ideal en su edición de hoy.

El alcalde, Raúl Caro-Accino, ya deslizó en el pleno sobre el Estado de la Ciudad esta posibilidad, aunque manifestó que la haría pública en los próximos días. Sin embargo, el rotativo provincial desgrana los motivos por los que la Administración local ha decidido llevar a los tribunales al líder de Cilu, exsocio de Gobierno del regidor.

Siempre, según Ideal, Bris, presuntamente, hizo valer su estatus de alcalde accidental ante la ausencia de Caro-Accino para, durante dos etapas, la Navidad de 2019 y agosto de 2020, apropiarse de documentación municipal, accediendo en ese tiempo a más de 20.000 registros.

Esta nueva vía judicial se suma a la abierta por la Fiscalía Provincial contra el concejal de Infraestructuras Urbanas y Servicios, José Luis Roldán, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, que está a la espera del pronunciamiento del Juzgado sobre si la admite a trámite o la archiva.

Mientras unos y otros se lanzan la pelota, la última palabra en todos estos casos la tendrá la Justicia, que será la encargada decidir quién lleva la razón.

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