El Ayuntamiento de Linares, a través del departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha admitido la solicitud presentada por al empresa Ambiental y Sostenible para la creación de una planta de tratamiento de biorresiduos no peligrosos. En principio, se trata de la autorización para iniciar toda la tramitación del proyecto para interés público, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
La planta se ubicaría en una finca de la Dehesa de Torrubia y su objetivo es incrementar la eficiencia en el reciclaje con la implantación del contenedor marrón, destinado a restos de alimentos, como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cascaras de huevo o posos; o servilletas y papel de cocina usados. Todo ello se reciclaría para la producción de compost de alta calidad.
Ambiental y Sostenible, con sede en Madrid y delegación en Marbella, llega al calor de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía, por valor de 23,8 millones de euros, para la construcción de plantas específicas de reciclaje en municipios mayores de 5.000 habitantes.
La idea es reducir el volumen de residuos que va al vertedero, lo que obliga a una recogida selectiva más exhaustiva para aumentar el reciclaje y la recuperación de los materiales, destacando la necesidad de implantar la recogida separada de la fracción orgánica.
No en vano, la normativa europea marca que los desechos municipales depositados en vertederos deben reducirse al 10% en 2035. Por ello, las entidades locales deben dotarse de infraestructuras que mejoren la prestación del servicios.
Apuesta por la economía circular
El Gobierno andaluz hace propio uno de los objetivos marcado por la directiva europea, incluido dentro de su estrategia de economía circular, con la incorporación de proyectos de recogida separada de residuos al Next Generation para ayudar a los ayuntamientos.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible trabaja en la economía circular a través de tres frentes: la vía normativa, que incluye una ley propiamente andaluza; la ejecución de infraestructuras; y, por último, la dotación de herramientas económicas a las entidades locales para que puedan materializar sus propios proyectos de economía circular y contribuir al cumplimiento de objetivos.
