El Ayuntamiento de Linares vuelve a ofrecer señales altamente negativas a la hora de rendir cuentas. Un año más, los organismos fiscalizadores de Andalucía y de España vuelven a colocar a la ciudad minera como una de la menos transparentes cuando se trata cumplir la normativa que regula las haciendas locales. Así lo dicen los últimos informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía y del Tribunal de Cuentas.
En el primero, sobre la rendición de cuentas del sector público local andaluz —en este ejercicio se analiza el año 2023—. se vuelve a advertir al Consistorio linarense por incumplir sus deberes desde 2021 y en el caso del Tribunal de Cuentas desde 2020, según resolución de 8 de mayo de 2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 15 de julio.
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que las entidades locales deben ser presentadas antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente, un plazo que el Ayuntamiento de Linares nunca ha cumplido en los últimos cincos años, de acuerdo siempre con la documentación de los organismos fiscalizadores.
En el informe, la Cámara de Cuentas de Andalucía incide en que, año tras año, «se constatan los bajos porcentajes de rendición de las entidades locales» con porcentajes que no superan el 50%. Así, junto a Linares, hay otros 16 ayuntamientos de municipios con una población superior a los 50.000 habitantes que tampoco han rendido sus cuentas, entre los que se encuentran Benalmádena, (Málaga) Cádiz, El Ejido (Almería), Chiclana (Cádiz), El Puerto de Santa María (Cádiz), Fuengirola (Málaga), Jaén, Jerez de la Frontera (Cádiz), Marbella (Málaga), Mijas (Málaga), Roquetas de Mar (Almería), Rincón de la Victoria (Málaga), Sanlúcar, Torremolinos (Málaga), Utrera (Sevilla), y Vélez-Málaga (Málaga).
A nivel andaluz, 460 de las 894 entidades locales —ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y entidades locales autónomas— han incurrido en esta falta, lo que representa un 51,45 % del total.
Problema estructural
Bien es cierto que la Cámara de Cuentas subraya que la raíz del problema es estructural y urge a las administraciones a reforzar la dotación de personal cualificado, especialmente en los pueblos más pequeños. Además, reclama a las diputaciones provinciales un mayor esfuerzo en asistencia y asesoramiento técnico a los municipios.
En palabras del propio informe, “la escasez y falta de cualificación del personal incide directamente en los retrasos en la contabilidad”. El diagnóstico es claro: sin apoyo ni medios suficientes, muchos ayuntamientos quedan fuera de los mínimos de transparencia exigibles.
