El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que está investigando el ‘caso Santana’ ha apreciado indicios de presuntos delitos de malversación y prevaricación en la inyección millonaria de fondos por parte de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE a la extinta empresa automovilística, cerrada en febrero de 2011.
En un auto difundido este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado José Ignacio Vilaplana, acuerda el sobreseimiento parcial respecto de Juan Carlos Martínez y Joaquín M. C., ya que no concurren «indicios racionales de criminalidad que supongan una probabilidad» de que ambos hayan tenido participación «relevante, finalista y deliberada» en la perpetración de los delitos que se investigan.
Por lo tanto, ambos investigados quedan fuera de la causa porque «no consta que, como responsables o directivos de la Agencia IDEA, participaran en las irregularidades vinculadas con la formalización y ejecución del denominado Convenio Massif» relacionado con Santana, explica el auto.
Griñán estaba de presidente
Entre 2009 y 2011, durante la etapa de José Antonio Griñán como presidente andaluz, la Junta de Andalucía inyectó en Santana casi 137 millones de euros, cuyo destino analiza ahora el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
El juez ha decidido abrir dos piezas separadas de la causa de Santana Motor para profundizar en la investigación de hechos que ya se estaban analizando en las pesquisas principales, pero que tienen relevancia penal suficiente como para ser indagados de forma separada.
En estas dos nuevas piezas hay indicios de prevaricación administrativa y malversación relacionados con la financiación de Santana Motor, a través de la compraventa de inmuebles por cifras millonarias, y con el Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid.
Tres piezas distintas
Por lo tanto, la macrocausa de presunta corrupción de Santana Motor quedaría dividida en tres piezas distintas. En la causa principal, se investigan las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía bajo el paraguas del convenio Massif, unas «cantidades entregadas por la Agencia IDEA a la empresa de automóviles, en concepto de préstamo, posteriormente modificado a préstamo participativo».
Sin embargo, estos fondos públicos serían, en realidad, «ayudas a fondo perdido concedidas graciosamente -sin intención alguna de recuperar aquéllas- al margen de los procedimientos legalmente aplicables; procediéndose así a destinar y disponer de aquéllos fondos de forma arbitraria, sin justificación en interés público alguno», dice el auto.
Los fondos millonarios habrían salido de la Junta «por el mero voluntarismo de los responsables de la Consejería de Innovación y de la Agencia IDEA, quienes habrían contado con la natural colaboración de los responsables de Santana Motor; determinando una ilícita disposición de fondos públicos derivada de la utilización fraudulenta del capital del préstamo», apostilla el juez.
Una de las claves de este caso es que «no consta», según indica el auto al que ha tenido acceso El Nuevo Observador, que las ayudas a Santana se concedieran tras un «previo análisis económico» por parte de la Junta, «que pusiera de manifiesto si las mismas eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que Santana tuviera solvencia y capacidad económica para hacer frente, tanto a los supuestos proyectos de inversión a financiar -cuya concreción y cuantificación tampoco consta-, como a la amortización de los propios préstamos concedidos».
Compraventa de inmuebles
Una de las nuevas piezas abiertas por el juzgado pondrá el foco en la «irregular financiación» del Grupo Santana Motor a través de los contratos de compraventa inmobiliaria o de préstamo. A través de ellos «se decidió disponer arbitrariamente de fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno -ni control administrativo-, para beneficiar directamente a la empresa Santana Motor».
Así, el magistrado considera que el grupo Santana Motor fue financiado a través de otros instrumentos, también de forma irregular, tales como una «injustificada» aportación de fondos por importe de 14.466.779 euros por parte de Incubadoras de Emprendedores de Andalucía S. L. (INCUBA), que era propiedad de la Agencia IDEA, el 28 de julio de 2011.
Además, se utilizó la adquisición por título de compraventa de inmuebles por parte de la Agencia IDEA en favor del Grupo Santana Motor, «como irregular mecanismo de financiación de esta sociedad mercantil«. En particular, destacaría la venta de cuatro inmuebles que la empresa de automóviles habría transmitido a la Agencia IDEA (que, a su vez, era la propietaria de Santana) por el precio de 13.585.874 euros, operación inmobiliaria autorizada por el Consejo Rector de la Agencia IDEA.
Otros movimientos sospechosos son diversas «operaciones millonarias de compraventa e inmuebles de Santana Motor del parque industrial en Linares en favor de la Agencia IDEA«, precisa el juez.
Centro de negocios
La segunda pieza separada abierta por el juez está relacionada con los fondos transferidos (339.701) por el entonces presidente del Grupo Santana Motor, Bienvenido Martínez, que también ocupó puestos directivos en la Agencia IDEA, en beneficio de su propia empresa Experience Management Group S.L. «presumiblemente -lo cual debe ser objeto de investigación-, en virtud del alquiler de un despacho en las oficinas» del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía.
En este sentido, el auto indica que la nueva pieza separada tendrá por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la ilicitud de tales operaciones y, en particular, “la irregular trasmisión de fondos” tanto por parte de Santana Motor, como de FAGIA, FASUR y Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. en favor de dicha mercantil.
