Santiago A. T., vecino de Linares, contrató en 2021 un seguro de protección sénior con la aseguradora del Banco Santander. Pagaba anualmente 215 euros por una póliza que supuestamente protegía lesiones producidas por accidente.
En febrero de 2024, el hombre resbaló y cayó al suelo cuando se encontraba en la oficina de Correos. Tuvo que ser atendido en el servicio de Urgencias del Hospital San Agustín. Tras explorarlo, le diagnosticaron una fractura sin desplazamiento en trocánter de la cadera derecha. El médico le recomendó reposo absoluto durante un mes, además de recetarle bastante medicación para soportar el intenso dolor que sentía.
Como su movilidad se vio considerablemente reducida, Santiago tuvo que comprar un andador, una silla de ruedas y una banqueta para el baño. Aún así, no se encontraba en disposición de desenvolverse solo. Por ello, su hija decidió llevárselo a Benalmádena, municipio malagueño donde ella residía, para que ingresase durante un mes en una residencia mientras se recuperaba de la fractura. Todo ello supuso un desembolso importante de dinero que tuvo que asumir para intentar llevar una vida lo más normal posible.
Pasaron varios meses hasta que finalmente se repuso de la fractura. Durante ese periodo, acudió varias veces al hospital para que le realizasen un seguimiento de su lesión.
Sin respuesta
El afectado se puso en contacto con Santander Generales Seguros y Reaseguros para comunicar lo ocurrido y aportarles, entre otra documentación, el informe médico que indicaba que había sufrido una «fractura sin luxación del cuello del fémur, del cotilo o del trocánter, o de dos de ellas, o de todas ellas simultáneamente».
Según recogía su póliza, el tipo de lesión le daba derecho a una indemnización de 6.000 euros. Pese a que estaba bien claro, la aseguradora nunca respondió a la reclamación.
Socio de Facua Jaén desde 2022, decidió acudir a la asociación para explicarle su caso. El equipo jurídico de la organización redactó y presentó una reclamación donde pedía a la aseguradora del Santander que cumpliese con las condiciones recogida en la póliza del seguro.
En su escrito, la asociación exigía a la entidad que abonase a su socio la indemnización a la que estaba obligada según la cobertura de su seguro de protección sénior.
Adjuntó, igualmente, toda la documentación referente al informe médico de Urgencias, además de una relación de facturas de los gastos de la ortopedia donde compró el material para ayudarse y de la residencia donde estuvo ingresado.
Una semana después de recibir la reclamación de Facua, la aseguradora procedió a abonar a Santiago 6.000 euros de indemnización, según detalla la organización de consumidores en una nota.
