La mañana del miércoles volvió a dejar imágenes ya habituales en la barriada de Arrayanes. Agentes de la Policía Nacional, escoltando a operarios de la compañía eléctrica, recorrieron distintas calles del barrio para desconectar decenas de conexiones ilegales a la red.
El balance de la actuación es contundente: 77 enganches directos al suministro eléctrico, todos ellos sin contrato, fueron retirados, según han confirmado a este periódico fuentes de e-distribución, la empresa distribuidora de electricidad del grupo Endesa.
No se trata de una intervención aislada. Este dispositivo se enmarca en la batería de operativos que la Policía Nacional y la compañía vienen desarrollando desde hace meses tanto en Arrayanes como en El Cerro, dos de las zonas donde la proliferación de plantaciones de marihuana en el interior de viviendas ha disparado los casos de fraude eléctrico.
Las conexiones ilegales no solo suponen un delito o una pérdida económica para la distribuidora. Su impacto lo sufren, sobre todo, los vecinos. La manipulación de la red provoca sobrecargas, averías e interrupciones del suministro que afectan a familias y pequeños negocios que sí pagan regularmente su factura. Desde e-distribución insisten en que estas actuaciones buscan recuperar la seguridad de unas instalaciones sometidas a una presión muy superior a la prevista.
Un peligro que va mucho más allá del impago
La compañía eléctrica advierte de que el fraude representa un «grave peligro» para la seguridad de las personas. La alteración de cuadros eléctricos, acometidas y centros de transformación incrementa el riesgo de incendios y electrocuciones, hasta el punto de que en los últimos años se han registrado siniestros de especial gravedad relacionados con este tipo de manipulaciones.
Además del riesgo personal, estas conexiones clandestinas deterioran las infraestructuras eléctricas y obligan a realizar constantes reparaciones para restablecer un suministro estable en los barrios afectados.
El cultivo de marihuana, principal motor del fraude
Aunque detrás del fraude eléctrico también existen situaciones de vulnerabilidad y pobreza energética, las investigaciones y la experiencia de la distribuidora apuntan a que el principal foco se encuentra en las plantaciones de marihuana indoor.
Mantener un cultivo de estas características exige un elevado consumo eléctrico durante las 24 horas del día. Focos de alta potencia, sistemas de climatización, extractores, ventiladores y calentadores funcionan de forma ininterrumpida para recrear las condiciones necesarias para el crecimiento de las plantas.
Desde Endesa recuerdan que un solo invernadero ilegal puede llegar a consumir tanta electricidad como alrededor de 80 viviendas de unos 100 metros cuadrados, una demanda imposible de asumir mediante contratos domésticos convencionales y que, en muchos casos, deriva en enganches directos a la red.
Miles de expedientes por fraude en Jaén
Las cifras reflejan la dimensión del problema en la provincia. Según los datos facilitados por e-distribución, hasta noviembre de 2025 se habían abierto 2.210 expedientes por fraude eléctrico en Jaén, de los cuales 30 estaban vinculados directamente a plantaciones de marihuana.
La energía defraudada relacionada con estos cultivos alcanzó los 3,2 millones de kilovatios hora, lo que representa aproximadamente el 20% de toda la energía fraudulenta detectada en la provincia, cifrada en 16,5 millones de kilovatios hora. Ese volumen equivale al consumo anual de cerca de 1.000 viviendas.
Para Emilio Jiménez, director de la filial de redes de Endesa en Andalucía y Extremadura, estas plantaciones «utilizan sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día» y «causan estragos en todas las instalaciones eléctricas, afectando a todos los vecinos».
Trabajar bajo protección policial
La intervención desarrollada este miércoles en Arrayanes también evidencia otro de los problemas que rodean la lucha contra el fraude eléctrico. Los técnicos encargados de retirar las conexiones ilegales trabajan habitualmente bajo protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en numerosas ocasiones, con el rostro cubierto para evitar ser identificados.
La compañía sostiene que la conflictividad existente en algunas zonas obliga a extremar las medidas de seguridad para poder actuar sobre unas instalaciones cuya manipulación supone un riesgo constante tanto para los operarios como para los residentes.
Mientras continúan los operativos, el mensaje de las administraciones y de la distribuidora sigue siendo el mismo: cada conexión ilegal que se elimina reduce el riesgo de incendios, mejora la estabilidad del suministro y dificulta la actividad de quienes utilizan la red eléctrica para alimentar plantaciones clandestinas de marihuana.
Los ciudadanos pueden comunicar de forma anónima posibles casos de fraude eléctrico a través del teléfono 800 760 220, del correo electrónico anomalias@enel.com o mediante el formulario habilitado en la página web de e-distribución.
