El juez José Ignacio Vilaplana ha citado como investigados a 18 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía y miembros del Consejo Rector de la Agencia IDEA en la causa que examina las ayudas públicas vinculadas a Santana Motor, la histórica factoría de Linares. Las declaraciones están previstas para los días 23 y 24 de noviembre, dentro de una investigación por posibles delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación.
Según la información de EFE, el Tribunal de Instancia de Sevilla, Sección de Instrucción, Plaza 6, acordó en marzo de 2025 la apertura de esta causa y la práctica de nuevas diligencias. Entre los investigados figura el exconsejero de Economía Antonio Ávila Cano, citado el 24 de noviembre a las 11.30 horas.
El procedimiento trata de esclarecer cómo se financiaron las compensaciones destinadas a los trabajadores de Santana Motor y de las empresas de su parque de proveedores, en el marco del Plan Linares Futuro. El magistrado investiga si se efectuaron pagos sin un marco normativo adecuado y al margen del procedimiento legal establecido para la concesión de ayudas sociolaborales.
La causa examina las transferencias de fondos desde la agencia pública IFA/IDEA al Grupo Santana Motor a través de distintos convenios, planes e instrumentos de financiación. En este contexto, el juez analiza el destino de más de 44 millones de euros canalizados a través de IDEA y su filial Incuba para atender compromisos relacionados con la liquidación de la factoría, acordada el 29 de abril de 2011.
Entre las operaciones bajo investigación figuran anticipos que no se habrían recuperado por importe superior a 900.000 euros, pagos a antiguos empleados que no habrían resultado beneficiarios de las ayudas y un préstamo de 1,5 millones de euros a una asociación vinculada a Matresur.
Nuevas declaraciones y documentación
Además de los 18 investigados, Vilaplana ha citado a nueve personas en calidad de testigos, que deberán comparecer los días 23 y 24 de noviembre. Entre ellas figuran interventores de la Junta, antiguos directivos de Santana Motor y representantes sindicales de UGT y CCOO.
El magistrado ha requerido a IDEA toda la documentación que conserve sobre los contratos suscritos por la propia agencia o por sociedades del Grupo Santana Motor con el despacho de abogados Garrigues en relación con el Plan Linares Futuro.
También ha solicitado a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social los documentos relativos a la tramitación y aprobación del programa presupuestario 72C, destinado al desarrollo económico y al fomento empresarial.
Una vez recibida esa documentación, la Intervención de la Junta de Andalucía deberá elaborar un informe sobre su posible incidencia en el informe definitivo de control financiero de Santana Motor. Estas diligencias permitirán al juzgado profundizar en el recorrido de los fondos públicos y en el procedimiento seguido para financiar las ayudas.
