Los abogados y procuradores mutualistas de Jaén siguen en pie de guerra contra el sistema de cotización que les dejará pensiones paupérrimas, por debajo de las no contributivas -unos 400 euros- en la mayoría de los casos, después de toda una vida trabajando y haciendo aportaciones mensuales a las mutualidades.
La protesta de Jaén, celebrada frente a las puertas del Colegio de Abogados, forma parte de una serie de movilizaciones organizadas por todo el país, en las que exigen una serie de medidas para mejorar su situación. Los letrados piden a las administraciones públicas «todas las reformas legales necesarias» para poder pasar al sistema público, el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
«¡No pedimos caridad, queremos dignidad!», proclamaron en la concentración convocada por el movimiento J2, un colectivo que está integrado ya por unos 5.000 profesionales en todo el país.
¿Cuál es el problema?
Los letrados afectados pertenecen principalmente a la Mutualidad de la Abogacía, también a Alter Mutua, un sistema de cotización privado al que hasta 1995 era obligatorio unirse cuando los juristas se colegiaban, por lo que se les cerraba la puerta para entrar en el sistema público, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
A partir de 1995, se abre la puerta a que los letrados puedan pasarse al RETA, aunque los abogados denuncian que los propios colegios oficiales seguían recomendando la mutua como la opción más aconsejable.
En 2005, la mutua pasa a funcionar como un sistema de capitalización individual, es decir, como un fondo de pensiones, por lo que las aportaciones de los mutualistas no irían a un fondo común sino a su propio plan de jubilación.
Este cambio en el funcionamiento de la mutua está resultando en que los letrados que llegan al final de su etapa laboral e inician la jubilación, se encuentran con pensiones mínimas, que oscilan entre los 200 y los 400 euros, por lo que en muchos casos se están viendo obligados a atrasar el momento de retirarse. Cabe recordar que la pensión mínima en España, sin cónyuge a cargo del pensionista, está en 743 euros, y asciende hasta los 966 euros cuando si tiene una persona dependiente.
