La política tiene una memoria selectiva. A veces tan selectiva que un mismo partido puede sostener dos discursos completamente distintos sobre un mismo asunto dependiendo del lugar desde el que hable. Eso es lo que ha ocurrido esta semana con el indulto concedido al exalcalde de Linares, Juan Fernández.
La consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para cargar con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la concesión de varios indultos, entre ellos el del exregidor de la ciudad minera.
Lo hizo con un mensaje rotundo, sin apenas espacio para los matices: acusó al PSOE de incumplir su promesa de no indultar a condenados por corrupción y enmarcó la decisión dentro de un supuesto patrón de impunidad que, a su juicio, caracteriza al Gobierno central.
El planteamiento encaja perfectamente en la confrontación política nacional. El problema aparece cuando ese discurso se enfrenta con los hechos ocurridos en Linares apenas un año antes.
Porque fue precisamente el Ayuntamiento de Linares, gobernado por el Partido Popular, el que impulsó institucionalmente la adhesión a la petición de indulto de Juan Fernández. No fue una iniciativa del PSOE ni una propuesta compartida entre todos los grupos municipales. Fue a instancias de la Federación de Asociaciones de Vecinos Himilce. El pleno extraordinario convocado hace precisamente doce meses para ese fin salió adelante únicamente con los votos del PP, ya que PSOE, IU y Vox decidieron no asistir a la sesión. Ese dato cambia por completo la lectura política del caso.
Mientras desde Sevilla el PP presenta el indulto como un ejemplo de la supuesta degradación institucional del Gobierno de Pedro Sánchez, en Linares el mismo partido entendió hace un año que existían razones suficientes para respaldar esa solicitud de clemencia.
No se trató, además, de una decisión improvisada. La petición llegaba acompañada por un informe favorable del propio tribunal sentenciador, contaba con el respaldo tanto del grupo popular como del socialista en la ciudad, el apoyo institucional del Ayuntamiento y el aval social de la asociación vecinal Himilce, que promovió una recogida de firmas. Había, por tanto, un consenso local amplio para solicitar una medida de gracia que ahora, desde la esfera autonómica, se presenta como un escándalo político.
Naturalmente, solicitar un indulto y concederlo no son actos equivalentes. Un Ayuntamiento puede adherirse a una petición atendiendo a circunstancias personales, informes judiciales o al arraigo social de un condenado sin que ello suponga justificar el delito cometido. Esa diferencia existe y merece ser tenida en cuenta.
Sin embargo, precisamente esa distinción desaparece del discurso pronunciado por Carolina España. Sus declaraciones no apelan a informes favorables, ni a circunstancias particulares, ni a la facultad constitucional del indulto. El mensaje es mucho más absoluto: quien concede una medida de gracia a un condenado por corrupción está, según sostuvo, anteponiendo las siglas a la ley y normalizando el saqueo de las instituciones.
Es ahí donde aparece la contradicción política. Si esa tesis se aplica sin excepciones, resulta inevitable volver la vista hacia Linares. Porque el Partido Popular que hoy denuncia el indulto desde el Palacio de San Telmo es el mismo que hace un año utilizó la institución que gobierna para respaldar oficialmente esa misma petición.
No es una cuestión jurídica, sino política. Los hechos permiten sostener dos posiciones distintas sobre la conveniencia del indulto. Lo que resulta mucho más difícil es defender ambas al mismo tiempo dependiendo del escenario.
En Sevilla, el indulto sirve para desgastar al Gobierno de España. En Linares fue considerado una petición razonable que merecía el respaldo del Ayuntamiento. Entre ambas posiciones solo media un año y varios cientos de kilómetros.
