El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha anunciado la puesta en marcha de «una campaña de vigilancia y denuncia permanente» de lo que está ocurriendo en centros de salud y hospitales de la provincia.
La campaña comenzó el pasado viernes en Mengíbar, ha continuado este lunes en Andújar con una reunión con la Junta de Personal del Hospital y proseguirá este martes en Linares junto al Centro de Salud de Linarejos.
El objetivo es denunciar la «obsesión» del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por «acabar con la sanidad pública» y «fruto de ello son los 105.000 jiennenses en listas de espera, los quirófanos cerrados, las plantas de hospitales cerrados, la espera de 15 días para ser atendidos en Atención Primaria o los 9.000 profesionales menos que hay en Andalucía respecto a 2019».
Antes de la reunión de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Reyes ha explicado que la situación de la sanidad pública es «la gran preocupación de los andaluces» y por lo tanto uno de los temas principales que se han abordado.
«Nos preocupa, y así lo dijo la Consejería, las dificultades para cubrir huecos en los centros de salud y hospitales este verano. Así que ponemos en marcha esta campaña con el objetivo de conocer esta situación, de la mano de los profesionales, y proceder a la oportuna denuncia ante la Junta de Andalucía», ha dicho Reyes.
Otro tema de análisis en la Ejecutiva ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE, con la que «se demuestra que no hubo delito, que compañeros y compañeras han visto cómo su vida se ha truncado por una decisión judicial, sin haber cometido ningún delito, y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional».
En este punto, ha lamentado que el PP «haga lo que siempre ha hecho», que es «cuestionar la decisión de los jueces cuando no está de acuerdo con ellos» porque «cuando la decisión de los tribunales les beneficia, hacen una defensa a ultranza», como «cuando el Tribunal Constitucional echó para atrás el Estatut de Cataluña».
Asimismo, Reyes ha incidido en lo que supusieron los ERE para más de 6.500 familias andaluzas, que encontraron en ellos «una salvación a su difícil situación laboral». Ha rechazado a aquellos que «de manera individual y en connivencia con sindicalistas o aseguradoras recibieron esos ingresos que no les correspondían», pero ha subrayado que el grueso de esas ayudas «se aplicó de forma legítima» y «de hecho, el PP sigue pagando los ERE desde la Junta de Andalucía casi seis años de haber entrado a gobernar».
