Autoridades, sindicatos y profesionales del Hospital San Agustín se han concentrado este jueves en la puerta del centro sanitario en repulsa a la agresión sufrida por una profesional de este hospital linarense durante el pasado fin de semana.
La delegada territorial Salud y Consumo, Elena González, ha enfatizado en «el rechazo desde la Junta por este tipo de hechos, en apoyo a todos los profesionales de nuestros centros sanitarios, en centros de salud y hospitales, ya que es trabajo de todos acabar con esta lacra».
González ha recordado que la Consejería de Salud y Consumo, en el marco de la Comisión Provincial Frente a las Agresiones a Profesionales, está trabajando en medidas preventivas para evitar que se produzcan estas «agresiones que están penadas por la Ley», además de recordar que su departamento cuenta con profesionales de apoyo «para acompañar, legal y psicológicamente, a la persona agredida».
En este punto, el aumento de agresiones a sanitarios preocupa, razón por la que la se ha reunido la citada comisión. El último caso ocurrido en Linares ha hecho saltar de nuevo las alarmas y por ello la Junta señala que el plan de prevención del SAS «pone a disposición del profesional todas las herramientas para hacer frente a estos episodios».
González ha lamentado que 2023 «dejaba un aumento de las agresiones» y ha considerado fundamental la labor de esta comisión. «Efectúa un seguimiento del Plan de prevención y atención frente a agresiones del personal sanitario del Sistema Sanitario Público de Andalucía y, por lo tanto, nos mantiene alerta y de manera actualizada, con todos los agentes implicados, con el fin de acabar con este tipo de situaciones», ha dicho.
Protocolo de atención
Según ha explicado, el plan prevé la puesta en marcha de un protocolo de atención que, «de manera inmediata, pone a disposición del profesional todas las herramientas del sistema» para hacer frente a lo ocurrido.
Al hilo, ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia y así se ha dictado sentencias, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
La delegada ha añadido que el plan cuenta con un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y un profesional con formación específica que ejercerá como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas. Esta figura tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.
La delegada ha hecho hincapié en que citado plan «incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques, como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia».
Entre las medidas preventivas, figura la instalación de sistemas de seguridad, como cámaras de videovigilancia, timbres avisadores o guardias de seguridad, así como «formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión». En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.
