Los espacios públicos deben regirse por tres principios básicos: la democracia, la libertad de expresión y el progreso social. Lugares donde se pueda practicar la tolerancia y la promoción de la paz.
No solo lo defiende las Naciones Unidas, sino que también lo manifiesta la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que propugna, como valores superiores, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para todos los andaluces. E, incluso, va más lejos cuando insta a los poderes públicos de la comunidad a promover el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena.
La censura previa que ha impuesto el Ayuntamiento de Linares a la exposición del ilustrador Juan Kalvellido sobre la situación de alerta humanitaria en la Franja de Gaza, debido al castigo que Netanyahu lleva a cabo desde los atentados del 7 de octubre, sienta un mal precedente, además de vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, como, por ejemplo, los recogidos en el texto consolidado del Estatuto de Autonomía.
Conviene recordarle a la Administración local que esta prohibición, que se sostiene en el vago alegato de que «un espacio público no es el sitio idóneo para una exposición sobre cualquier conflicto abierto entre países», se cae por su propio peso en el mismo momento que el Consistorio ha fomentado y fomenta iniciativas similares para apoyar las causas de Ucrania o del Pueblo Saharaui.
La muestra ‘Pazlestina’, organizada por la Plataforma Linares por Palestina, alude «al genocidio y apartheid que ejecutando Israel en estos momentos» en Gaza, donde la cifra total muertos, desde el inicio de la guerra, se eleva a 32.070, más de 14.000 niños, según el último recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamás.
Sin entrar en las profundidades del conflicto, ni siquiera las razones históricas de enemistad bélica entre ambos vecinos, cabe señalar que la autoridad de la política es el mayor bien de la democracia, máxime en un país que durante casi 40 años sufrió los rigores de la censura, que, por otro lado, practican en la actualidad numerosos estados, desde Venezuela a Cuba, pasando por Rusia, o por aquellos regidos por gobiernos islamistas y totalitarios.
El Ayuntamiento de Linares, en manos del Partido Popular, nos hace retrotraernos a otros tiempos que nadie quiere volver a vivir, olvidando la cruda realidad de los hechos en la Franja de Gaza, en la que hay menores fallecidos debido al hambre, y más de 1,1 millones de gazatíes —sobre una población de aproximadamente 2,3 millones— padecen una «inseguridad alimenticia catastrófica». La cifra puede alcanzar al 92% de la población de prolongarse la actual situación hasta julio, según advierte Naciones Unidas, a través de organizaciones filiales como Unicef o el Programa Mundial de Alimentos.
El Partido Popular, como formación democrática, no puede utilizar su poder en las instituciones para cuartar la libertad de expresión. Son los ciudadanos los que, de manera libre e independiente, deben sacar sus conclusiones sobre lo que ven, leen o escuchan, dentro de la madurez que nos ofrece un Estado de derecho como es España.
La desconfianza como base fundamental de la política cultural que manifiesta el Partido Popular en este caso es cuanto menos alarmante. La imposición de una moral, de una y solo una forma posible de ver el mundo, es anticultura por excelencia, máxime en una ciudad tan abierta y receptiva como la linarense.
