Carlos Javier Sánchez Barbero abrió el 5 de abril de 2019 el Rinconcito del Tiki en la linarense calle Cervantes. Pagó el traspaso del anterior establecimiento -el archiconocido El Balconcillo– y montó con «muchísima ilusión» un negocio de restauración coqueto y acogedor, después de desembolsar una buena suma de dinero para ofrecer al público algo diferente en una zona saturada de bares.
Le ha puesto ganas, empeño, simpatía y todo lo que un profesional de la hostelería puede ofrecer para satisfacer a una exigente clientela. Sin embargo, a su establecimiento le faltaba algo para competir en las mismas condiciones que el resto de compañeros: una terraza. La solicitó por activa y por pasiva, pero sus reclamaciones se topaban una y otra vez con un muro casi infranqueable para el ciudadano de a pie, la burocracia.
Su proyecto laboral y de vida está a punto de irse al garete. En unos días, bajará la persiana, como han hecho otros muchos hosteleros en una ciudad cuyas autoridades solo tuvieron consideración durante la pandemia para los locales con terraza, con la supresión de tasas, obviando por completo a los de interior, a los que no cuidó con el mismo mimo.
«El negocio funciona pero tengo que cerrar», comenta apesadumbrado, «la terraza es lo que funciona porque la gente ya no quiere consumir dentro», sentencia Carlos Javier, uno de los muchos autónomos de un sector claramente castigado desde hace años, por las distintas crisis que ha ido sufriendo el municipio.
Este miércoles ha recibido el calor y la solidaridad de la presidenta de la Asociación de Hosteleros de Linares, María Teresa Márquez. Ha sido durante una rueda de prensa en la que la responsable del colectivo ha manifestado el hartazgo del gremio por los conflictos políticos y el bloqueo que sufre la tramitación de la nueva ordenanza de veladores, comprometida desde hace más de un año y que no acaba de ver la luz.
María Teresa Márquez solo ha encontrado hasta ahora buenas palabras de las autoridades municipales -las de antes y las de ahora-, si bien realidades pocas, tal y como ha advertido a los periodistas. No entiende cómo en otros lugares se reforma la normativa en no más de tres meses y en Linares acumula un retraso de 302 días. Tampoco alcanza a comprender los meses e, incluso años, que se tarda en «tramitar licencias de apertura, de terraza o de obras».
Tanto ella como los asociados, confiaban en que la travesía fuese más corta y menos virulenta. Pero ambas variables se han agudizado con el embate del cambio de Gobierno. La situación es crítica en una ciudad en la que las cosas podrían marchar mucho mejor a poco, según María Teresa Márquez, la clase política llegara a un entente. Esa falta de acuerdos ha llevado a varias de empresas al agotamiento financiero y la quiebra en la hostelería.
Por tal motivo, ha solicitado al actual Ejecutivo municipal celeridad en la tramitación de la nueva ordenanza. «Si cierran establecimientos se pierde empleo y hay familias que se quedan sin trabajo. Desde que constituimos la asociación han cerrado ya siete establecimientos por estas causas y eso no puede permitirse», ha alertado la dirigente.
