Puñetazos, amenazas, daños en el material de trabajo. Son agresiones reales que sufre el personal sanitario de muchos hospitales del Sistema Andaluz de Salud. El San Agustín de Linares no se libra de esta lacra. Hace poco más de una semana una enfermera de Urgencias fue agredida mientras realizaba su trabajo.
Este lamentable suceso ha hecho saltar de nuevo las alarmas en el centro hospitalario linarense, donde se han recogido más de 300 firmas para conseguir la contratación de un guarda de seguridad en el Servicio de Urgencias durante el día y la noche. Además, seguirá protestando hasta que se haga efectiva la demanda.
La Delegación Territorial de Salud y Consumo está estudiando incrementar el tiempo de presencia de los vigilantes de seguridad en Urgencias, aumentando el número de rondas en aquellas franjas horarias en las que se prevea un mayor número de pacientes.
Por el momento, se están instalando cámaras de seguridad y se está dotando de vigilantes de seguridad a determinados centros en puntos que son de alguna manera conflictivos, además de que de implementar las alarmas personales antipánico.
Otra agresión, ahora en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén
A la agresión sufrida por la enfermera de Linares se suma ahora en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén, en el que se ha activado el Plan de Prevención de Agresiones por un episodio de violencia hacia una profesional médica y una profesional TCAE.
El autor de la agresión habría sido un familiar de una paciente, el cual también ha provocado daños materiales en el centro hospitalario.
Ante esta situación, desde el Hospital Universitario de Jaén se ha puesto a disposición de las afectadas todos los recursos necesarios, al tiempo que se han condenado los hechos.
De igual modo, la Delegación Territorial de Salud y Consumo ha mostrado su apoyo a los profesionales y se ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada “como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión”.
