En 1988 se aprobó la ley que creó el Cámara de Cuentas de Andalucía. En ella se obliga a los municipios a enviarle sus balances anuales una vez cerrado cada ejercicio para que esta los fiscalice. El Ayuntamiento de Linares lleva desde 2018 sin cumplir con su obligación de rendir cuentas sobre su gestión de los fondos públicos, tal y como recoge la Plataforma de Rendición de Cuentas.
El Consistorio linarense no ha presentado los balances de los ejercicios de 2019 y de 2020, que corresponden a los dos últimos presupuestos aprobados por la Corporación.
La cuenta general refleja, cada año, cómo se han gestionado los fondos públicos de un Ayuntamiento. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales obliga a las entidades locales a presentar su cuenta general ante el Tribunal de Cuentas (TCu) en un plazo tasado. En el caso de Linares, según los datos recogidos en la citada plataforma, entre lo que dice la ley y la realidad hay un abismo.
Eso entorpece enormemente la fiscalización la entidades locales a través del TCu, un control fundamental para comprobar el correcto manejo de los fondos públicos, que no se incurre en ilegalidades económico-contables y, al mismo tiempo, escrutar la eficacia de la gestión de esos fondos.
Bien es cierto que Linares, en este particular, no es una excepción en tanto en cuanto Andalucía es, con diferencia, la región con más ayuntamientos que no presentan sus contabilidades oficiales en tiempo y forma para ser revisadas por el Estado.
Asimismo, desde que comenzó el mandato de Ciudadanos y Partido Popular solo se ha aprobado un presupuesto, el de 2020, que sigue prorrogado a la espera de que el alcalde, Raúl Caro-Accino, recabe los apoyos suficientes para sacar adelante la próxima semana el de 2022.
Sea como fuere, el Tribunal de Cuentas recomienda reiteradamente en sus Informes de fiscalización sobre el sector público local que se ofrezca una información completa, coherente, integrada y fiable, puesto que solo de este modo puede garantizarse la necesaria transparencia y el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía exigibles en la gestión pública.
