Hace 18 años que municipios y mancomunidades que surten de agua a más de 20.000 personas deben tener un plan contra la sequía. Sin embargo, a pesar nos encontremos en uno de los periodos de menos lluvias del siglo actual y con meses cada vez más cálidos y secos, no todos cumplen con el artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Es más, en Andalucía poblaciones como Loja, Baza, Alcalá la Real o la Sierra Sur de Sevilla no disponen de este tipo de planes o no lo han enviado aún.
Por el contrario, la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de Linares ya ha remitido a la cuenca el citado protocolo para arbitrar las dotaciones de agua para todos los usos establecidos para cada escenario.
Así lo advierte la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en respuesta a una solicitud del Defensor del Pueblo Andaluz en la que «recomienda la elaboración y aprobación, sin mas dilaciones, de Planes Especiales de Emergencia ante situaciones de sequía a aquellos municipios, mancomunidades y consorcios incluidos en esta demarcación que han incumplido con esta obligación legal».
Este tirón de orejas no solo parte de la oficina que dirige Jesús Maeztu, sino también organizaciones como Greenpeace o WWF, que llevan tiempo alertando de que España es el país más árido de Europa y de que el 75% de su territorio es susceptible de sufrir desertificación.
Desde el Confederación dejan claro que “la redacción y elaboración de estos planes es responsabilidad de las administraciones responsables de esos abastecimientos”. Bien es cierto, que este organismo tan solo informa de si han sido remitidos o no los planes, pero no de si han sido informados favorablemente. Dando por buenos todos aquellos que ya han sido enviados, que son 15 de 19. De ellos dependen 3.928.449 habitantes, con una demanda agrupada de 348 hm3/año.
