Uno de los elementos que contribuye al feísmo urbano y que perjudica la conservación del patrimonio arquitectónico es el cableado que se extiende por el aire o sujeto a las fachadas de los edificios en todo Linares. Se trata de enjambres de metal y goma de antenas, conexiones telefónicas y demás que producen, además de un impacto visual desagradable, un riesgo.
La escena del cableado descontrolado se repite, con más y menos intensidad, en muchas zonas del centro, con la calles Puente y La Virgen, como máximos exponentes. Allí, en plena área comercial, los manojos de cables de luz y de telecomunicaciones perjudican la estética de las fachadas y de los negocios, suponiendo, en algunos casos, según los vecinos, un problema de seguridad.
La ordenanza que regula la creación de servicios, canalizaciones y construcciones establece taxativamente la prohibición de que exista cableado aéreo una vez se han ejecutado las obras. Así, sus titulares deben resolver de forma adecuada el tratamiento del cableado con su soterramiento.
Sin embargo, las compañías de telecomunicaciones se resisten a soterrar el cableado por motivos diversos, desde el coste que supone a una normativa que en cierta medida ampara esa práctica, o al menos no la dificulta.
La Ley de Telecomunicaciones aprobada el año pasado ordena que los operadores deben usar las canalizaciones subterráneas para extender sus redes, pero también dice que en el caso de que no sea posible su uso «por razones técnicas o económicas», podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los existentes.
El Gobierno de España trata de garantizar así un servicio público que considera prioritario. Y esta es la baza a la que parecen acogerse las compañías.
No es un problema exclusivo de Linares, ni de esta Corporación Municipal, pasa desde hace años en todos los pueblos y ciudades del país, aunque suponga un anacronismo en un mundo rendido a la tecnología inalámbrica.
Fotos: Javier Esturillo
