La Fiscalía ha cerrado un acuerdo de penas con gran parte de los procesados por la estafa de casi seis millones de euros de los ahorros de 300 clientes de la antigua sucursal de CajaSur en Linares-Baeza. El principal acusado, el director en ese momento de la oficina bancaria, ha reconocido los hechos y ha aceptado las penas de casi 3 años de cárcel impuestas por la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén.
El Ministerio Público ha admitido como atenuantes las dilaciones indebidas en el proceso y la confesión, por lo que ha rebajado la pena de los 12 años que pedía inicialmente para el principal encausado hasta los casi tres años de prisión.
En concreto, se le condena a 20 meses de cárcel por los delitos continuados de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, seis meses por blanqueo de capitales y nueve meses por insolvencia punible. Sin embargo, no tendrá que volver a la cárcel, porque ya estuvo casi dos años en prisión preventiva.
Asimismo, tendrá que pagar una multa de 5,1 millones de euros y la indemnización por responsabilidad civil de 5,1 millones, cantidades que se verán incrementadas hasta los seis millones al haber cerca de una treintena de perjudicados a los que todavía no se les había reconocido el perjuicio.
Tampoco ingresará en prisión su mujer, condenada a 18 meses de cárcel por blanqueo e insolvencia punible, que también deberá abonar una multa de 740.000 euros y la misma cantidad en responsabilidad civil.
Por su parte, de los 13 acusados en total que se han sentado en el banquillo, la Fiscalía ha retirado su acusación a uno de ellos por no poder concretar su participación en el fraude.
Todos los demás se han conformado con las penas propuestas, que van desde los tres a los seis meses de prisión. Además, a todos ellos se les ha reconocido la atenuante de dilaciones indebidas y algunos la de reparación del daño puesto que han devuelto el dinero.
Tal y como sostenía Fiscalía, el director de la sucursal ha reconocido que entre los años 2000 y 2011, «con ánimo de lucro propio y en beneficio de terceros, realizó disposiciones indebidas de fondos depositados en cuentas de los clientes, sin el consentimiento ni la autorización de estos».
La entidad bancaria, a fecha 31 de diciembre de 2012, indemnizó a todos los perjudicados, con algunas excepciones que han quedado zanjadas en el juicio y que conllevan, en concepto de intereses, un uno por ciento de incremento anual.
El juicio, que debería haber durado hasta el viernes, ha finalizado con este pacto que pone fin a una de una de las investigaciones más complejas desarrolladas por la Policía Nacional en Jaén, con ayuda de expertos en delincuencia económica.
Más de diez año de causa
Desde que se destapó la trama hasta la celebración de la vista han pasado más de diez años. Las detenciones y las imputaciones comenzaron en noviembre de 2011 y se cerraron en julio de 2012, después de diez meses de investigación para desenredar la trama de fraude empresarial más compleja detectada en décadas en Linares.
Tras los arrestos, se enviaron requerimientos a multitud de entidades oficiales, empresas y organismos de España y otros países para que remitiesen información necesaria para cruzar datos y extraer conclusiones. La instrucción estuvo detenida durante varios meses hasta que se reactivó en 2015.
