La figura del contrato menor aparece en la legislación española en 1995 como una manera de agilizar, simplificar y favorecer las necesidades cotidianas de escasa entidad de los organismos públicos. Esto es, aquellas que no tienen por qué salir a concurso ni ser sometidas a publicidad. Ni siquiera se necesita recabar varias ofertas, aunque el adjudicador puede pedirlas si lo considera necesario.
Los organismos públicos apuran sistemáticamente los límites de esta figura legal para adjudicar los contratos directamente, pero en el caso del Ayuntamiento de Linares se ha convertido en una práctica habitual hasta llegar al «abuso», tal y como advirtió el secretario municipal, Luis Gómez Merlo, durante el pleno extraordinario de presupuestos, celebrado este viernes.
El funcionario mostró su «preocupación por el abuso que se hace de la ley de contratos menores«, como así lo ha hecho «constar en varios informes». Es más, lo recalcó durante la sesión a preguntas de la concejal de Para la Gente, Laura Cerezuela, mientras la alcaldesa, Auxi del Olmo, asentía con la cabeza.
Y es que desde que tomó posesión del cargo, su Gobierno ha licitado 95 contratos menores, por valor de 1,4 millones de euros. La mayor actividad se produjo en el último trimestre de 2023, con 69 licitaciones que superaron el millón de euros, a las que hay que sumar las 26 de los tres meses anteriores, por 334.727 euros.
Los números del Gobierno del PP superan con creces a su predecesor (PSOE e IU), correspondientes al primer semestre del año, en el que se sacaron a licitación 59 contratos, por un montante de poco más de 519.000 euros.
Conviene recordar que son contratos menores, y por tanto no sujetos a concurso ni publicidad, aquellas obras comprendidas entre 0 y 40.000 euros y aquellos contratos de suministros y servicios que no superen los 15.000, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2017.
Bien es cierto, que el Consistorio publica de forma regular en el perfil del contratante las licitaciones de este tipo de adjudicaciones, aunque desde la oposición se ha solicitado, en más de una ocasión, la necesidad de no sólo dar agilidad, sino previamente considerar otros parámetros como la transparencia, la libre concurrencia y dar posibilidades a las empresas locales.
