El interventor del Ayuntamiento de Linares vuelve estar en el foco de atención por una denuncia interpuesta contra él en la Comisaría de la Policía Nacional por unos supuestos insultos y amenazas a un hombre en plena vía pública.
Los hechos ocurrieron, según el atestado al que ha tenido acceso este periódico, este jueves, 6 de junio, cuando el reloj marcaba las siete de la mañana. En ese momento, en la calle Antón de Jaén, frente a la Farmacia El Globo, el funcionario profirió, presuntamente, una serie de descalificativos contra un viandante, pareja un trabajadora municipal, al que llamó «hijo de puta» y «facha» y amenazó: «Tengo que macharte», de acuerdo siempre con la denuncia.
Asimismo, en el documento policial, la víctima de los improperios asegura que el funcionario le sacó una fotografía con el teléfono móvil «sin permiso» y, acto seguido, continuó su camino con dirección al Consistorio.
El hombre siguió los pasos del denunciado para comprobar de quién se trataba y, tras comprobar que accedía al Ayuntamiento, manifestó a los agentes que quien le había insultado y amenazado era el interventor municipal.
El Nuevo Observador se ha puesto en contacto con el servidor público que ha declinado hacer declaración alguna sobre lo sucedido este jueves.
En el ojo del huracán
Lo único cierto es que el interventor, que pronto cambiará de destino y abandonará el Consistorio linarense, está en el ojo del huracán. No hace más de dos semanas, los sindicatos UGT, Csif y Usplb le acusaron en un comunicado de un presunto «acoso laboral» y de provocar «situaciones de ansiedad y estrés laboral que, en ocasiones, han derivado en bajas laborales de larga duración».
El Ayuntamiento, a través del departamento de Función Pública, abrió una investigación con el fin de «recabar la información necesaria para poder hacer un análisis exhaustivo de la situación del área y tomar las decisiones, en su caso, que sean necesarias para el buen funcionamiento del Ayuntamiento», manifestó en una nota.
Solo un día después, empleados y exempleados del servicio de Intervención salieron en defensa del interventor y negaron con rotundidad todos los hechos denunciados por las centrales sindicales. No solo negaban cualquier acoso laboral de su jefe, sino que achacaban todo el problema que sufren a la sobrecarga de trabajo y a la falta de medios que, según ellos, se ha venido advirtiendo a los distintos equipos de Gobierno desde 2014, mediante numerosos informes del propio interventor.
