Todos somos muy dueños de ignorar las advertencias que se nos hacen desde el sentido común, de cargar contra el mensajero y de no admitir la mayor validez de los argumentos de unos frente a la narrativa, la propaganda o las nefastas agendas de otros. Somos libres de negar, incluso, la verdad misma que se revela ante nuestros ojos, pero ninguno de nosotros puede escapar de las consecuencias de todas estas malas decisiones.
El pasado lunes, 28 de abril de 2025, la península ibérica se quedó a oscuras y sumida en el caos durante horas, por un apagón eléctrico que en España se ha saldado con al menos una decena de muertos y un impacto económico estimado en torno a una décima del PIB —tal vez más— que es, en cualquier caso, una barbaridad del orden de los nueve ceros.
Este desastre sin precedentes sucede después de haberse entregado el Reino ciegamente a las renovables, desmantelando en paralelo y en perjuicio del interés general otras fuentes de energía que al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios no les gustan. Todo por puro fanatismo ideológico, que no es precisamente un criterio lúcido y ni siquiera original, como casi todo en Sánchez.
España necesita recuperar su soberanía energética. Y debería procurar garantizársela con paso firme y a la mayor brevedad posible, en lugar de andar cediéndola para contentar al globalismo o para satisfacer los intereses de Marruecos, sometidos como estamos por lo que sea que contuviera aquel maldito móvil presidencial.
O para mayor gloria de China, que expande su poder sin freno y se ha dejado ya que extienda sus tentáculos hasta Linares, necesitados como están tanto en el Palacio de San Telmo como en la Casa Consistorial de golpes de efecto significativos en una ciudad tan sedienta de industria, capital y empleo.
El apagón dejó muchos interrogantes, algunos de los cuales formuló con gravedad Santiago Abascal de forma prácticamente inmediata. Para el mayor enturbiamiento de todos ellos, el presidente del Gobierno anunció la puesta en marcha de una comisión de investigación, que no parece que sea sino la búsqueda de algunas cabezas de turco entre los «operadores privados» que ya se ha apresurado a señalar.
Al menos —pensará— podrán los españoles distraerse con el espectáculo que siempre brinda una buena cacería. De esta sabemos que viene aderezada con «hombres de negro» y seguramente también con mucha doctrina y jerga abstrusa, que será puntualmente esparcida en perfecta sincronía por los opinadores y editoriales a nómina del régimen.
En esa línea, el grupo de seguimiento conjunto con Portugal bien parece haber sido creado para identificar lo que ya ha sido señalado y para adoptar las medidas que ya han sido dictadas para ejecutarlas en el momento propicio, porque hay mucha preocupación en el Gobierno por salvar un determinado relato y a su mayor propagandista, después de un episodio que apunta a la línea de flotación de la planificación energética de Sánchez.
En la misma dirección parece abundar también el Gobierno cuando reclama aún más datos a las eléctricas, para ver si apretando y escarbando encuentra alguno que le permita «aclarar» esas causas que ya parecen previamente diagnosticadas.
Un sesgo de confirmación que fuera de lo público sería a todas luces inhabilitante para investigar, evaluar o presidir nada y que propende al «dos más dos son cinco» que pretendía arrancarle O’Brien a un Winston doblegado por la tortura en aquella siniestra «Habitación 101» que imaginó Orwell en su distópica 1984, acaso inspirándose en las checas del Frente Popular.
En cualquier caso, el objetivo de estas maniobras —y de las mentiras a ellas asociadas— es siempre el mismo: desviar el foco de su propia responsabilidad, en este caso, por la aplicación de unas políticas delirantes que son sistemáticamente contrarias al interés general de los españoles.
A mayores, hemos visto cómo la exministra Beatriz Corredor, una socialista que preside Red Eléctrica sin formación o experiencia aparentes en la materia, se aferra, para sorpresa de nadie, a un cargo discrecional remunerado con más de medio millón de euros al año; y hemos conocido que su consejo de administración es el varadero de algunos colocados a dedo al calor del socialismo, a poco menos de doscientos mil euros al año por cabeza.
Y por si todo esto fuera poco, Núñez Feijóo ha solicitado, con la rotundidad que caracteriza su oposición presunta, una auditoría internacional independiente, cuando ya se había anunciado una investigación de la red europea del transporte eléctrico (ENTSO-E).
Con semejante ruido de fondo, probablemente tenga Sánchez algo más fácil disimular, entre otras cosas, que su hermano va a sentarse en un banquillo pacense que le ha preparado la jueza Beatriz Biedma.
Llevamos tiempo recibiendo señales alarmantes y va siendo hora ya de reaccionar, porque el tiempo juega en nuestra contra y a Sánchez le da igual la caída cuando tiene ya el abismo de horizonte. España necesita sobreponerse al bipartidismo que sistemáticamente ha antepuesto sus intereses de clase, partidistas y particulares al interés general y a las necesidades reales de los españoles, haciéndonos más pobres, más vulnerables, más dependientes y menos competitivos.
Conviene despegarse con urgencia de las ideologías de la ruina que nos han traído una energía que puede esfumarse en cinco segundos, que tiene un precio para el consumidor cada vez más prohibitivo y un coste inasumible en número de aves y cultivos masacrados. La cuestión es qué podemos hacer para revertir el daño cuando socialistas y populares van de la mano en tantas malas decisiones y son, por tanto, corresponsables de sus consecuencias.
El verdadero desastre es lo que se padece cuando quienes lo provocan no acaban de ser identificados como causa por las mayorías y derrotados en consecuencia y cuando sus presuntos antagonistas no aspiran a restituir nada y se conforman con mimetizarse siendo parte del consenso, estando en el reparto y esperando el día en que le caigan en herencia los despojos, mientras nos condenan a todos a ser los atónitos intérpretes del caos.
