El silencio en el rellano tiene un peso metálico. No es el silencio de la paz, sino el de la interrupción. En el número 13 de la calle Guillén, en Linares, la vida se ha detenido por orden administrativa y por el propio agotamiento de los materiales.
Las paredes, revestidas de azulejos con motivos geométricos que un día pretendieron dar lustre a la cotidianeidad, hoy solo sirven de soporte para el precinto policial. Una cinta blanca y azul que, cruzada sobre una puerta de metal gris, dictamina el fin de lo que fue en un hogar: ‘Obra precintada’. Allí, residía una pareja de ancianos. Siguiendo el pasillo central del bloque está la casa de Juan Antonio Ruiz Moreno, completamente adecentada y renovada, pero a la que no puede acceder porque el edificio presenta problemas estructurales gravísimos.
Desde el 5 de noviembre, su vida —la de su mujer y la de su hijo de 12 años— quedó atrapada al otro lado de un cordón de seguridad, dentro de este centenario inmueble de la calle Guillén que llevaba años avisando de su desgracia. De hecho, el Ayuntamiento inicio ese mismo mes la ejecución subsidiaria para intervenir de urgencia en la rehabilitación techumbre del inmueble ante el «riesgo de colapso». Sin embargo, la licitación no encontró respuesta y el tejado ha terminado por venirse abajo a causa del temporal de lluvia y viento de las dos últimas semanas.
El inmueble albergaba hasta hace unos meses a dos familias. El derrumbe de la techumbre y de los forjados interiores ha convertido el bloque en una ruina abierta al cielo, con los entresuelos desplomados unos sobre otros y restos de cubierta esparcidos tras el paso del tren de borrascas. «Desde el segundo piso ya se ve el cielo», resume a este periódico Juan Antonio, con la voz cansada de quien ha repetido la misma historia demasiadas veces.
Él no vivía exactamente en el edificio principal, sino en una vivienda situada en el patio interior, una casa de nueva construcción que pertenece a su madre, una mujer de 90 años. Había sido remodelada por completo hace quince años y que, hasta hoy, permanece intacta. El riesgo estructural del edificio ha dejado su hogar fuera de uso, clausurado por seguridad. “Mi casa está impoluta, pero no puedo entrar. Mi vida está ahí dentro. No tengo nada.”, lamenta.
Juan Antonio, de 53 años, está en paro y al cuidado de su madre. Su mujer tampoco trabaja y su hijo arrastra desde el desalojo un estado de tristeza permanente. “Mi niño está en depresión, llorando todos los días desde que salimos”, explica.
Desde aquel 5 de noviembre, la familia ha ido de un lado a otro, acogida por un pariente. No tiene red familiar amplia. «No tengo a nadie», insiste, mientras mira con los ojos llenos de lágrimas los puntales azules, fríos y verticales, que intentan sostener lo que queda en pie del edificio.
Tiene claro que la culpa es de los bancos que son propietarios de la mayoría de las viviendas que componen en inmueble. La parte superior del mismo lleva abandonada más de cuatro décadas. Juan Antonio recuerda que el último vecino que vivió allí se marchó cuando él era un niño. Desde entonces, el piso quedó vacío, sin mantenimiento alguno. En mayo o junio del pasado año comenzaron a caer tejas.
Las primeras alertas se trasladaron a la propiedad. Pasó un mes. Luego otro. Después otro más. Nada cambió. Cuando finalmente acudió un arquitecto enviando por las entidades financieras, reconoció el abandono evidente del inmueble, tomó fotografías de los documentos aportados por los vecinos y prometió una intervención que nunca llegó. «Nos dijo que ya nos llamaría. No volvió a hacerlo”, relata.
Mientras tanto, la estructura seguía degradándose. Los técnicos municipales acabaron confirmando el riesgo de colapso de la cubierta y ordenaron una actuación de urgencia. Se apuntaló de forma provisional una parte del pasillo y se permitió a Juan Antonio regresar brevemente a su vivienda, con la condición de que tendría que marcharse en cuanto comenzaran las obras. Pero esas obras nunca se iniciaron. Llegó el temporal. Y el edificio colapsó.
Para Juan Antonio, la urgencia va más allá de los plazos administrativos. Todo lo que tiene sigue dentro, tras una puerta cerrada por peligro de derrumbe. Mientras espera una respuesta institucional, su familia sigue viviendo en una provisionalidad que no eligió, con la sensación de haber sido expulsada de su hogar por un abandono que llevaba décadas escribiendo su final. Este periódico ha tratado de conocer la opinión del Ayuntamiento sobre este asunto sin recibir, por el momento, respuesta alguna.
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A ver los políticos los que luego van casa por casa pidiendo el voto si ayudan a estas personas necesitadas de verdad … pero solo lo hacen en periodo electoral..una pena y una vergüenza