La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares, Laura Cerezuela, pone el foco en una cuestión que va más allá de la coyuntura deportiva del Linares Deportivo y entra de lleno en el terreno de la gestión pública: el destino y control del dinero municipal inyectado en una entidad ya convertida en Sociedad Anónima Deportiva.
Cerezuela recuerda que su formación ya expresó dudas en el momento en que el club da el paso hacia la privatización. Aun así, IU entiende entonces que las aportaciones públicas pueden justificarse por una situación excepcional, marcada por las limitaciones del estadio y el impacto económico que ello supone para la entidad azulilla. Ese contexto, sostiene, puede avalar decisiones puntuales en favor de la viabilidad del club.
Sin embargo, el escenario cambia de forma sustancial. La reciente sentencia del caso Pop Hellanes, que pone en cuestión el proceso de venta de acciones por su supuesta falta de transparencia, reabre el debate sobre la legalidad y la idoneidad de esas aportaciones. Para IU, este fallo judicial actúa como un punto de inflexión que obliga a revisar lo ocurrido en los últimos años.
A esta circunstancia se suma la crisis interna que atraviesa actualmente el Linares Deportivo, con denuncias públicas de la plantilla por impagos que se prolongan ya durante dos meses. Un hecho que, a juicio de Cerezuela, agrava la preocupación y refuerza la necesidad de explicaciones.
Desde la formación de izquierdas se cuestiona que el Ayuntamiento haya realizado hasta tres o cuatro inyecciones de dinero público sin exigir, en paralelo, una fiscalización exhaustiva de las cuentas del club. “Lo lógico hubiese sido comprobar qué se ha hecho con ese dinero”, viene a señalar la portavoz, subrayando la responsabilidad de la administración local en la supervisión de fondos públicos.
El posicionamiento de IU introduce así un elemento de presión política en un momento especialmente delicado para el Linares Deportivo. La combinación de la sentencia judicial, las dudas sobre la gestión societaria y la crisis salarial en la plantilla dibuja un escenario en el que el debate ya no se limita al césped, sino que alcanza directamente a la gestión institucional y al uso de recursos públicos.
