Hace poco más de un mes, cuando arrancaron los trabajos en el patio de San Diego, nadie podía asegurar dónde estaba exactamente la fosa 25. Solo había muros de ladrillo asomando entre la tierra, un plano incompleto y ocho décadas de silencio. Hoy, bajo esa misma carpa blanca, el subsuelo ha empezado a responder: nueve cuerpos, fracturas que hablan de violencia, y una hipótesis que obliga a reescribir lo que se creía saber sobre esta fosa.
El calor de julio no ha dado tregua en ningún momento a los trabajos. Bajo la lona, el aire apenas se mueve y el termómetro roza los 40 grados cuando el reloj aún no marca las diez de la mañana, pero nadie levanta la vista del suelo. Cada capa retirada, cada centímetro de más, puede ser la diferencia entre seguir esperando y, por fin, tener un nombre.
Cuando esta excavación comenzó, el 22 de junio, el equipo coordinado por Félix Bizarro (arqueólogo) y Adriana Martín (arqueóloga y antropóloga forense) se enfrentaba a una pregunta que llevaba décadas sin respuesta clara: ¿dónde, exactamente, dentro de un patio que ha llegado a albergar 52 fosas comunes, se encuentra la conocida como fosa 25? Los testimonios orales apuntaban a un lugar, el georradar de 2007 a otro. La documentación, incompleta, no terminaba de encajar.
Mes y medio después, la respuesta ha empezado a tomar forma, aunque no de la manera esperada. Los arqueólogos han localizado hasta ahora dos depósitos con un total de nueve individuos: uno con un único cuerpo, depositado directamente sobre el terreno, sin ataúd; otro con ocho personas, colocadas de forma alterna —unas con el cráneo orientado al norte, otras al sur— y depositadas, todo apunta, en un mismo momento.
Y con los cuerpos ha llegado algo más difícil de nombrar: la certeza física de que aquello que durante años fue relato oral y sospecha documental, ahora tiene forma de hueso.
«Lo que más llama la atención antes de empezar a trabajar en la zona es que ningún enterramiento está en ataúd, todos están depositados directamente sobre la tierra», explica Adriana Martín, arqueóloga y antropóloga forense del equipo. «Esto en un espacio cementerio es algo bastante inusual. Ya solo con el tipo de deposición nos estaban dando una pista»
Lo que dicen los huesos
La antropología forense tiene su propio lenguaje para leer la violencia. Adriana Martín distingue entre tres tipos de fracturas: las que ocurren en vida, con signos de regeneración ósea; las que se producen mucho después de la muerte, cuando el hueso ya está seco; y las que llaman perimortales, las que sitúan una fractura justo en el entorno de la muerte —antes, durante o poco después—, cuando el hueso aún conserva algo de su elasticidad y no le ha dado tiempo a cicatrizar porque quien lo sufrió ya no vivía para hacerlo.
Casi todos los individuos hallados hasta ahora presentan fracturas perimortales. Y en un par de cráneos, el equipo ha identificado algo más concluyente: dos orificios que parecen corresponder a la entrada de proyectiles de arma de fuego.
Todavía es pronto para hablar de fusilamiento o de ejecución en sentido estricto —son términos técnicos que la ciencia forense no usa como sinónimos—. Un fusilamiento reparte las lesiones por todo el esqueleto; una ejecución concentra la violencia en la cabeza.
De momento, todos los cuerpos aparecen boca arriba y las lesiones observadas se limitan al cráneo. «Por ahora, sin poder confirmarlo, parecen más ejecuciones que fusilamientos», apunta Martín, aunque advierte de que hasta que no se complete la exhumación no se puede descartar que aparezcan más lesiones en el resto del cuerpo.
Incluso la forma en que fueron colocados cuenta algo. No hay ningún cuerpo boca abajo; están superpuestos, casi ordenados, uno a continuación de otro, el cráneo de uno junto a los pies del siguiente. Podría parecer un gesto de cuidado, pero Martín es clara: «Creo que es una cuestión de logística del espacio, no de una intención de respeto», añade.
Se trata de fosas de obra, con medidas concretas, y quien los enterró tuvo que encajarlos en un espacio limitado. El orden, aquí, no es piedad: es la geometría fría de un lugar demasiado pequeño para tantos cuerpos.
Incógnitas
Si algo ha cambiado de forma sustancial en estas semanas es la propia idea de lo que es la fosa 25. Al inicio de la intervención se manejaban cifras concretas: 64 personas en la fosa 25, otras tres en la fosa 27. Hoy, Félix Bizarro, arqueólogo y director del proyecto, habla de una cifra más laxa —en torno a 60— y de una hipótesis que reordena el propio relato del patio.
«La principal diferencia del Patio de San Diego es que nos enfrentamos a un sitio en el que hay muchas fosas y en el que la información histórica que tenemos no es clara», explica Bizarro. Siempre se ha hablado de la fosa 25 como si fuera una sola. Pero la hipótesis que maneja ahora el equipo que dirige es que en realidad hay dos: una utilizada con fines judiciales entre 1939 y 1940, donde estarían las víctimas de la represión; y otra, abierta en 1946, con 51 enterramientos de personas fallecidas por causas distintas, sin relación con procesos judiciales.
La cifra inicial de 52 fosas en el patio tampoco cuadraba del todo: la documentación histórica sitúa hasta 117 fosas a finales del siglo XIX, y las referencias a la fosa judicial llegan hasta el número 32. Es, en palabras de Bizarro, un rompecabezas que solo empieza a resolverse cuando se combina lo que dice el terreno con lo que dicen los archivos. «Lo que estamos haciendo es combinar la información arqueológica, antropológica y documental para entender cómo estaba organizado este patio y poder ubicar la fosa 25 en el espacio, porque no existe documentación que indique exactamente dónde se encuentra», explica.
Nada de esto es un desmentido del trabajo previo. Es, más bien, lo que ocurre cuando una investigación deja de ser papel y pasa a ser barro removido: las estimaciones documentales empiezan a contrastarse con lo que aparece bajo la lona, y el relato se afina, capa a capa, igual que el propio terreno.
¿Qué se siente?
Hay una pregunta que rara vez se hace uno sobre el terreno, y que sin embargo puede que sea la más honesta de todas: ¿Qué se siente al ser la primera persona, ochenta años después, en ver lo que le ocurrió a alguien?
Adriana Martín lo piensa un momento antes de responder. «Es una mezcla de sentimientos, porque conviven a la vez la evidencia de la crueldad —y tú la estás viendo en primera persona, porque desde que lo depositaron eres la primera persona que ve esas evidencias del crimen— y, por otro lado, la satisfacción de poder darles una sepultura digna, de poder sacarlos, y la alegría de saber que hay muchos familiares que los están buscando y que, al menos, tú puedes darles una respuesta», señala a El Nuevo Observador con un nudo en la garganta. No es indignación. No es alegría. Es las dos cosas a la vez, sostenidas en el mismo gesto de la mano que retira el polvo con un pincel.
El proceso sigue su curso
La excavación no se detiene, pero tampoco se acelera. El calendario que queda por delante es largo: los trabajos de campo se prolongarán hasta mediados de agosto, cuando el equipo hará una pausa antes de regresar en noviembre para retomar la búsqueda de más fosas. A partir de ahí comenzará el trabajo de laboratorio: el estudio antropológico de los nueve individuos ya localizados y, después, el análisis genético.
Ese último paso es, con diferencia, el más lento. Cada muestra ósea viajará hasta el laboratorio de genética de la Universidad de Granada, el único que procesa, mediante un convenio con la Junta de Andalucía, las muestras genéticas de toda la comunidad autónoma. Ese cuello de botella hace que las identificaciones puedan tardar en torno a un año. El equipo confía en tener los primeros resultados genéticos a finales de 2027.
Puede parecer un plazo largo. Pero para quienes llevan ochenta años esperando sin saber ni siquiera dónde buscar, un año más —dice Bizarro— puede ser, casi, lo de menos.
Detrás de cada cifra, hay una historia
Detrás de los números —nueve individuos, sesenta víctimas estimadas, dos posibles fosas— hay nombres que todavía no se pueden pronunciar. Jornaleros, vecinos, personas corrientes que fueron sometidas a juicios sumarísimos sin garantía real de defensa, condenadas y fusiladas en la tapia sur del cementerio, y enterradas después en este mismo patio donde hoy, ochenta años más tarde, un equipo de arqueólogos vuelve a remover el suelo con el mismo cuidado con el que se maneja lo que todavía puede doler.
Solo una veintena de las víctimas que se cree que descansan en el patio de San Diego tienen hoy un vínculo documental claro con la fosa 25. El resto —los otros posibles ocupantes de las fosas 20, 23 o 27— permanecen en una incertidumbre distinta, la de las familias que no saben todavía si su búsqueda apunta al lugar correcto.
Bajo la carpa blanca, mientras el termómetro sigue marcando cifras que rozan lo insoportable, esa incertidumbre se reduce, día a día, un centímetro a la vez. No se trata solo de recuperar huesos. Se trata de devolver un nombre a quien lo perdió hace ochenta años, y una respuesta a quien lleva ese mismo tiempo esperándola en silencio.
«Se lo debíamos a las familias»
El vicepresidente segundo de la Diputación ha querido poner el foco en lo que representa este avance para quienes llevan años reclamando esta actuación. «Seguimos avanzando. La memoria democrática es verdad, justicia y reparación», ha afirmado Perales, quien ha añadido: «Se lo debíamos a las familias».
Con estas primeras nueve personas localizadas, la investigación en el patio de San Diego entra en una nueva fase, en la que al trabajo de campo —que continuará hasta mediados de agosto— le seguirá el estudio antropológico y, más adelante, el análisis genético de los restos, un proceso que el equipo confía en poder completar con sus primeros resultados a finales de 2027.
Financiación
La intervención en el patio de San Diego es posible gracias a una partida de 100.000 euros correspondiente a una ayuda otorgada a la Administración provincial por el Gobierno de España, a través del Real Decreto 1179/2024, que regula las subvenciones dirigidas a entidades locales para la realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de restos de personas víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura.
Esta financiación ha permitido a la Diputación de Jaén poner en marcha un equipo de especialistas —arqueólogos, antropólogos forenses e historiador— que trabaja desde el pasado 22 de junio en la localización de las fosas comunes del patio de San Diego, con el objetivo de dar respuesta a décadas de reivindicación por parte de las familias de los represaliados.
