Más de 1.500 personas se han manifestado este domingo en las calles de Jaén en defensa de la sanidad pública, en una movilización convocada por la coordinadora de Mareas Blancas y la Mesa en Defensa de la Sanidad. Bajo el lema “la salud es un derecho, la sanidad pública no se vende”, los asistentes han denunciado que el sistema sanitario “no responde” y han exigido mejoras urgentes. A la protesta se han sumado representantes políticos de formaciones de izquierda, que han acusado al Gobierno andaluz de deteriorar progresivamente el servicio en los últimos años.
La marcha, encabezada por una pancarta con el citado lema, ha recorrido el centro de la capital jiennense entre consignas en favor de un sistema sanitario público fuerte y críticas a las políticas del Ejecutivo autonómico. Entre las principales reivindicaciones figura la recuperación de la inversión sanitaria mediante un plan plurianual que permita saldar lo que los convocantes denominan “deuda histórica sanitaria”, cifrada en 20.000 millones de euros tras los recortes acumulados entre 2010 y 2024. Asimismo, proponen la creación de consejos de salud participativos que garanticen la transparencia, el control democrático del sistema y un reparto equitativo de los recursos.
Respuesta multitudinaria en Andalucía
La movilización en Jaén se enmarca en una jornada de protestas a nivel andaluz. Miles de ciudadanos han salido a la calle de forma simultánea en las ocho provincias bajo el lema ‘Negocio en sanidad, más mortalidad’, con el objetivo de frenar lo que consideran una deriva hacia la mercantilización del sistema sanitario. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha planteado además un paquete de doce medidas prioritarias para recuperar la calidad de la sanidad pública.
Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, en el conjunto de Andalucía se han movilizado alrededor de 22.300 personas este 12 de abril. Granada ha liderado la participación con 5.600 asistentes —5.000 en la capital y 600 en Motril—, seguida de Sevilla con 5.000 y Málaga con 3.800. En Córdoba y Cádiz se han contabilizado 2.000 manifestantes en cada provincia; en Huelva han salido a la calle 1.500 personas; en Jaén, 1.400, y en Almería, 1.000. Todas las marchas han arrancado a las 12.00 horas, salvo en Córdoba, donde se han adelantado una hora.
Duras críticas
Las convocatorias han contado con la presencia de representantes de distintas fuerzas políticas de izquierda, que han respaldado las reivindicaciones de los colectivos convocantes. En Jaén, el candidato socialista al Parlamento andaluz, Francisco Reyes, ha señalado que la ciudadanía tiene “la oportunidad de decir basta ya” al deterioro del sistema sanitario, tanto en la calle como en las urnas. A su juicio, las próximas elecciones autonómicas suponen una disyuntiva entre “dos modelos”: uno que defiende una sanidad pública de calidad y otro que, según ha criticado, convierte la salud en un negocio.
Reyes ha subrayado que la situación sanitaria es actualmente “la principal preocupación de los andaluces” y ha alertado de las listas de espera en la provincia de Jaén, donde más de 83.000 personas aguardan una operación o una consulta con el especialista. También ha denunciado los retrasos en la atención primaria, con demoras de hasta quince días para obtener cita con el médico de cabecera. Pese a ello, ha querido reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios, que “se están dejando la piel” en un contexto que ha calificado de adverso.
Respuesta del Gobierno andaluz a las protestas
Frente a estas críticas, el Gobierno andaluz ha restado legitimidad a las protestas. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha vinculado las movilizaciones con la “campaña electoral” de los partidos de izquierda, a los que acusa de intentar desprestigiar la sanidad pública y atacar a los profesionales del sistema. En la misma línea, ha cuestionado la credibilidad de las propuestas planteadas por la oposición en materia sanitaria.
La jornada de este domingo refleja así un creciente clima de tensión en torno al futuro de la sanidad pública andaluza, convertido en uno de los ejes centrales del debate político y social en la comunidad. Mientras los colectivos ciudadanos reclaman una mayor inversión y blindar el carácter público del sistema, el Ejecutivo autonómico defiende su gestión y denuncia una instrumentalización política de las protestas.
