El salón de plenos de la Estación de Madrid abrió la sesión de junio del Ayuntamiento de Linares con un debate espeso, de esos en los que la política local se mezcla con los grandes relatos nacionales y acaba perdiendo, a ratos, el hilo de lo estrictamente municipal.
En el ambiente, la sensación de repetición: los mismos reproches, los mismos bloques enfrentados y una discusión sin interés para el ciudadano de a pie que, una vez más, arrancaba en lo propio para terminar instalado en lo externo.
Sobre la mesa, decisiones ordinarias y dos mociones que marcaron el tono de la sesión: la petición socialista para reactivar el Centro de Formación para el Empleo —la antigua PPO— y la iniciativa de Vox contra la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre una y otra, un mismo escenario repetido: reproches cruzados, memoria selectiva y una oposición que acusa al PP de vivir anclado en el retrovisor.
El empleo, como primer envite
La primera intervención llegó de la mano del concejal socialista Juan Olmo, que puso el foco en el desempleo estructural de Linares y en lo que considera una oportunidad perdida. Su diagnóstico fue directo: ausencia de inversión municipal en formación, desaparición de partidas para planes de empleo y la pérdida de programas como la escuela-taller. Frente a ello, defendió la necesidad de reactivar el antiguo centro de formación profesional y, si la Junta no garantiza su uso estable, reclamar su cesión al Ayuntamiento.
El discurso de Juan Olmo buscó conectar con los sectores más golpeados por el paro: jóvenes sin cualificación, mayores de 45 años y desempleados de larga duración. También insistió en la necesidad de orientar la formación hacia sectores con futuro en la comarca, desde la industria hasta los cuidados o la tecnología.
Desde Izquierda Unida, Laura Cerezuela respaldó la idea de reforzar la formación pública, aunque con matices. Defendió el valor social de los talleres vinculados a la rehabilitación urbana y expresó una preocupación recurrente en su grupo: que la falta de medios derive en privatizaciones encubiertas. Aun así, dejó claro su apoyo a cualquier herramienta que ayude a generar empleo estable.
El tono cambió cuando tomó la palabra Vox. Su portavoz, Alberto Gragera, rechazó lo que consideró una visión «clasificatoria» de la sociedad y defendió que el problema del empleo no se resuelve con planes públicos, sino con bajadas de impuestos, menos burocracia y una ciudad más atractiva para la inversión. Reivindicó además la recuperación de oficios tradicionales, aunque desde una lógica completamente distinta a la socialista.
Cesión del Centro de Formación para el Empleo
La réplica más contundente llegó desde el equipo de Gobierno del PP. El teniente de alcalde y concejal del ramo, Raúl Caro-Accino, desmontó la idea de que el Ayuntamiento no invierte en formación y acusó al PSOE de desconocer incluso los programas solicitados a otras administraciones.
En su intervención, defendió que el Consistorio ha concurrido a convocatorias estatales y europeas con proyectos de formación en múltiples especialidades, desde la atención sociosanitaria hasta la soldadura o el mantenimiento industrial. También recordó que el desempleo ha descendido respecto a etapas anteriores y situó el debate en una comparación con el pasado industrial de la ciudad, con el cierre de Santana como símbolo recurrente.
Caro-Accino, además, avanzó como novedad que la cesión del Centro Público de Formación para el Empleo de Linares ya ha sido solicitada formalmente a la Junta de Andalucía. Un movimiento que el concejal del PP enmarca en una hoja de ruta previa y que, según defendió, responde a meses de trabajo técnico y administrativo, con informes municipales y la petición elevada en diciembre de 2025.
El cruce de acusaciones elevó el tono. El PSOE insistió en que la ejecución real de los programas es nula y que las promesas no se traducen en políticas activas visibles. El gobierno municipal, en cambio, acusó a los socialistas de incoherencia histórica y de reclamar ahora lo que, según su versión, no impulsaron cuando gobernaron.
La alcaldesa, Auxi del Olmo, cerró el punto con un mensaje de respaldo a la gestión del equipo de Gobierno y dio por rechazada la moción con los votos en contra de su partido y de Vox.
Corrupción y abandono del pleno
El segundo bloque más picante del pleno incrementó todavía más la tensión. Vox presentó una moción contra la corrupción del Gobierno central que derivó en una intervención de fuerte carga política y un debate que desbordó el marco municipal.
Su concejal, Marina Martín, habló de “degradación institucional” y de una supuesta trama de corrupción que, según defendió, afecta al conjunto del país. En su discurso reclamó elecciones generales y denunció acuerdos del Ejecutivo con fuerzas independentistas y nacionalistas.
La respuesta del portavoz socialista, Javier Perales, fue el punto de inflexión. Tras una intervención en la que cuestionó el tono del debate y la naturaleza de la moción, anunció junto a su grupo el abandono del salón de plenos. Izquierda Unida también se ausentó de la votación.
Perales reprochó a Vox el uso de expresiones como «enemigos de la nación» o «invasión migratoria» y advirtió de que ese lenguaje desvirtúa el espacio institucional. Su salida, seguida por los concejales socialistas, dejó el debate en un escenario inusual: el pleno continuó sin parte de la oposición.
PP y Vox, entre el choque y la coincidencia parcial
Con la bancada de la izquierda vacía, el Partido Popular intervino para justificar su apoyo a la moción de Vox, alineándose en la crítica al Gobierno central y apelando a datos de corrupción y gestión nacional. Fue un discurso duro, que reforzó la idea de una política municipal cada vez más permeable a la confrontación estatal.
Vox, por su parte, defendió su iniciativa como una llamada a la regeneración democrática y respondió a las ausencias de PSOE e IU como un gesto de falta de respeto institucional.
La sesión concluyó con una sensación compartida incluso entre algunos asistentes: el debate local quedó atrapado entre dos relatos nacionales que lo desbordan. De un lado, la disputa sobre la gestión del empleo y el modelo de formación en Linares. Del otro, la corrupción como eje político que absorbe la discusión municipal hasta desplazarla de su propio terreno.
En el fondo, el pleno dejó una imagen repetida en los últimos meses: un Ayuntamiento donde cada bloque político habla más para su electorado que para el adversario sentado enfrente. Y donde la Estación de Madrid, más que un espacio de deliberación local, funciona ya como un escenario donde se ensayan los grandes argumentos de la política española.
