Buscar
Redacción

Editorial | El triunfo del voto contra

La Justicia saca los colores a los que, a través de artimañas legales, trataron de frenar la moción de censura cuestionando el honor y la honestidad de un servidor público

Nada une más que el voto contra algo o alguien. Es mucho mejor que la pasión por algo, como por el equipo de fútbol de toda la vida, que solo funciona cuando todo va bien, pero que cuando pierden ven cómo el apoyo con el que contaban se diluye como un azucarillo.

Lo cierto es que el auto del titular del Juzgado Mixto número 1 de Linares no deja nada bien a los que rebuscaron en los cajones del Ayuntamiento cualquier documento que incriminara, de una manera u otra, a alguno de los actores de la moción de censura contra el entonces alcalde, Raúl Caro-Accino.

Por arte de birlibirloque, se sacaron de la chistera unas facturas emitidas por un farmacéutico, con condición de concejal, al que el Ayuntamiento solicitó productos sanitarios cuando más fuerte estaba pegando la pandemia. El edil socialista, Javier Palacios, aceptó el encargo y abasteció a su ciudad de mascarillas y gel hidroalcohólico sin saber el mal trago que pasaría después.

Desde principios de año, el PSOE e IU barruntaban la posibilidad de armar y registrar una moción de censura ante la «parálisis» que, en su opinión, sufría el Consistorio. La resistencia de Caro-Accino a dimitir, por su «falta de talante democrático» e «incapacidad» para sacar adelante unos presupuestos, llevaron a los dos partidos de izquierdas a registrar la moción el 24 de febrero. En ese movimiento contaron, desde el principio, con el apoyo de Cilu, expulsado del Gobierno un año antes.

La salida de Caro-Accino del poder municipal era cuestión de días mediante un procedimiento democrático que, solo un mes antes, el Partido Popular había legitimado en Torremolinos para arrebatar la Alcaldía al socialista José Ortiz. La ciudad malagueña cambió de regidor casi al mismo tiempo que en Linares se planteaba la misma posibilidad.

Sin embargo, Ciudadanos y Partido Popular fueron más finos -«y maquiavélicos»- para posponer todo lo posible la celebración del pleno, con el único propósito de ganar un tiempo que, a la postre, ha sido estéril.

No dudaron en poner en tela de juicio la honradez y honorabilidad de un compañero de Corporación ni tampoco se arrugaron a la hora de meter a otro concejal en la ecuación -Daniel Campos- aun sabiendo que sus argumentos carecían de toda lógica, como, el paso de los dictámenes judiciales, ha ido demostrando.

El auto dictado por el juez desmonta cada una de las acusaciones de Ciudadanos y Partido Popular. «Fue el propio Ayuntamiento -dice el magistrado- quien, en plena pandemia por el Covid-19, solicitó al concejal Francisco Javier Palacios que suministrara a los servicios dependientes del mismo Ayuntamiento determinados enseres y bienes de naturaleza sanitaria». 

Es decir, que, por alguna razón que nadie del anterior equipo de Gobierno ha querido explicar, se solicitó ayuda a un edil propietario de una botica cuando ni remotamente se planteaba la moción de censura. Se le pidió porque, simple y llanamente, el material era necesario en esos momentos tan difíciles para todos, en un acto de «buena fe».

Los propios demandantes, muy duchos ahora en legalidad, sabían que era incompatible, pero aún así despacharon con Javier Palacios para abastecer de productos sanitarios al Consistorio. Es más, el propio Palacios, tal y como recoge el escrito de Antonio José Delgado Sánchez, «manifestó su voluntad de renunciar a ser proveedor del Ayuntamiento, retirando incluso el cobro de alguna factura pendiente».

Había que parar la moción a toda costa y, por tal motivo, Cs y PP fueron a más. Así, no dudaron en demandar a los 15 concejales que rechazaron la incompatibilidad -entre ellos dos de la formación naranja-, mientras en las redes sociales concejales dimitidos celebraban, como si de un partido de fútbol se tratara, cada victoria virtual en los tribunales.

Tiempo después, el auto del Juzgado Mixto número 1 de Linares se le ha vuelto en contra con efecto boomerang, al determinar «la inexistencia de conducta dolosa por parte de los investigados». Pese a ello, hasta llegar a este desenlace, Javier Palacios ha sufrido, además de un ataque con huevos en la puerta de su domicilio, que se ponga en duda su profesionalidad y honestidad, con artimañas que lo único que hacen es debilitar el espíritu democrático que rige en este país desde la caída de la dictadura.

Etiquetas

Noticias Relacionadas

José Ángel Ibáñez Zapata
Andrés García Tornero
Sabino Ramiro
Eugenio Rodríguez