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Redacción

Editorial | Ingeniería legal para preservar el poder

Raúl Caro-Accino seguirá al frente del Ayuntamiento, de momento, a costa de dos compañeros de Gobierno y de partido y cuestionando la honradez de un profesional

Raúl Caro-Accino seguirá en el poder. La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Jaén de mantener las medidas cautelares contra el pleno de la moción de censura le permite ganar tiempo, aunque sea acudiendo a triquiñuelas legales sin escrúpulos hacia sus compañeros.

El alcalde de Linares, con la complicidad del Partido Popular, no ha dudado en recurrir a la Fiscalía para querellarse contra los quince concejales que votaron en sesión plenaria contra la incompatibilidad del portavoz socialista, Javier Palacios, por venderle, a través de su farmacia, al Ayuntamiento material sanitario cuando más daño estaba haciendo la pandemia y cuando este escaseaba en la mayoría de boticas de la ciudad.

Un acto de buena fe que ha sido aprovechado no solo para frenar la moción de censura sino también para poner en tela de juicio la profesionalidad y la honorabilidad de un farmacéutico, más allá de su condición de representante público.

En esta última artimaña jurídica -no política- la onda expansiva afecta del mismo modo a los dos concejales de Ciudadanos que decidieron salvar la honradez de Palacios. Pedro Cintero y Rafael Funes, titulares de Deportes y de Educación, respectivamente, han sido puestos a los pies de los caballos simplemente por votar en conciencia. Ningún mandato legal impide a un edil incumplir la disciplina de voto que trate de imponerle su partido político.

Además, nadie del Grupo Municipal de Ciudadanos -o lo que queda de él- informó a Cintero y a Funes de esta maniobra. Tampoco recibieron comunicación algunos concejales populares, que, en privado, se muestran escandalizados con las cesiones del partido ante una estructura antinatural, donde el segundo domina sobre el primero.  

La coalición Ciudadanos-Partido Popular es cosa de unos pocos, que no aceptan las normas que impone el juego democrático, entre las que se encuentra la moción de censura, como esta semana ha ocurrido en Orihuela, donde, curiosamente, ha habido un cambio de Gobierno propiciado por el PSOE y la formación naranja, desbancando al popular Emilio Bascuñana por el «bloqueo institucional» y la «parálisis de la gestión municipal». Hasta hace cinco días el PP gobernaba esta ciudad alicantina de 78.940 habitantes en coalición con Ciudadanos.

La política linarense, judicializada hasta los dientes, se ha metido en un fango que huele mal, en el que, unos y otros, anteponen los intereses personales al general de los ciudadanos.

«El principal problema que veo en la inmensa mayoría de los 25 concejales, todos ellos dignísimas personas y cargados de buena voluntad, es que carecen de preparación suficiente, de experiencia en el campo en el que están actuando y apenas tienen proyección hacia la ciudadanía». Son palabras del que fuera alcalde de Linares por el PP, Juan Bautista Lillo, con las que, a buen seguro, coinciden, visto lo visto en este mandato, numerosos vecinos.

La política local se ha instalado en el arte de la propaganda sin que, a día de hoy, se vea una mejoría de la situación de la ciudad, salvo en contadas áreas.

Raúl Caro-Accino ha vuelto a salvar ‘in extremis’ el sillón, el interrogante que se plantea ahora es que sí realmente existe incompatibilidad en el caso de Javier Palacios por qué se apeló a él para adquirir productos como mascarillas o gel hidroalcohólico. Los que firmaron y autorizaron las facturas sabían que era concejal del Ayuntamiento de Linares y, por lo tanto, se podía incurrir en una ilegalidad. ¿Por qué el secretario o el interventor no advirtieron de esta circunstancia al responsable político, o viceversa? 

Es importante recuperar la fibra moral y la integridad intelectual de la democracia en la Corporación Municipal de Linares, por el bien de la ciudad, por encima de partidos y ansias de poder.

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