El Defensor Andaluz insta al Ayuntamiento de Linares a que empadrone a una familia

El Consisorio le denegó este derecho por una documentación que la oficina de Jesús Maeztu considera válida

Por:Javier Esturillo
La Oficina de Atención al Ciudadano está ubicada en el Ayuntamiento. Foto: Javier Esturillo

Quería empadronarse con su familia en Linares, pero la documentación que presentó en el registro del Ayuntamiento fue rechazada, así que decidió archivar su expediente. El afectado lejos de rendirse acudió al Defensor del Pueblo Andaluz, que le ha dado la razón y pide al Consistorio linarense que se le inscriba en el padrón de habitantes junto con toda su familia.

La oficina de Jesús Maeztu recibió la queja de este vecino el pasado mes de mayo y, tras constatar que los hechos descritos podrían considerarse lesivos para determinados derechos y libertades, decició llegar con su caso hasta el final.

Según la resolución consultada por esta redacción, queda acreditada la documentación del domicilio de residencia, al tiempo que solicita que se incluyan en los modelos y solicitudes normalizados para la inscripción en el padrón otra documentación de los solicitantes (suministros de luz, agua, etcétera).

De la misma forma que la comprobación por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio…) que acredite realmente que el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el padrón.

Trabas y retrasos en los informes de arraigo de extranjeros

Por otro lado, el Defensor del Pueblo Andaluz ha solicitado a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia -entre los que se encuentra Linares- que informen sobre los criterios que han tenido en cuenta a la hora de valorar la integración de los inmigrantes en la tramitación de sus solicitudes de arraigo.

El paso dado por la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se produce ante la «evidenciada disparidad» a la hora de aplicar los criterios de tramitación de los expedientes de arraigo en los municipios, con problemas detectados como retrasos en las tramitaciones y «la exigencia de requisitos no recogidos ni en la normativa de aplicación ni en las instrucciones elaboradas por la Secretaría General de Migraciones».

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