Ayuntamientos como el de Granada, Cabra, Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera y un largo etcétera en Andalucía ya lo tienen. Se trata del Defensor de la Ciudadanía, una figura que pronto estará Linares y que, al igual que en otros municipios, se concibe para salvaguardar los derechos de los vecinos en relación con la Administración municipal.
El equipo de Gobierno (PSOE-IU) ha expuesto a consulta pública el reglamento que regirá esta nueva institución que nace con el fin de encauzar el diálogo entre la ciudadanía y el Ayuntamiento, así como promover la tutela efectiva de los derechos e intereses ciudadanos, colectivos de personas y organizaciones sociales de la localidad.
Para ello, atenderá sus peticiones, reclamaciones, quejas y sugerencias, con el objetivo de conocer y analizar las dificultades que se puedan producir en la gestión y funcionamiento de los servicios que presta la Administración local y, además, estudiará y hará un seguimiento de los problemas que se susciten ante la misma.
El Defensor de la Ciudadanía debe cumplir sus funciones «con autonomía, independencia y objetividad, investigando, examinando y resolviendo los expedientes iniciados de oficio y dando trámite a los asuntos que se le formulen o promoviendo acciones a iniciativa propia», según recoge el reglamento. En este sentido, «no se sujetará a mandato imperativo alguno y no recibirá instrucciones de ninguna autoridad desempeñando sus funciones con plena autonomía y según su criterio».
El Ayuntamiento se compromete también a dotar de un lugar acorde con las necesidades y sus funciones, así como de los medios económicos y materiales necesarios para que estas se desarrollen con rapidez y eficacia, mediante la creación de una partida presupuestaria propia en el presupuesto municipal.
¿Quién puede optar a ocupar este cargo?
Cualquier vecino de Linares, si bien no se permitirá el acceso a esta institución a afiliados a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Será propuesto por consenso del Consejo de Participación Ciudadana y aprobado por el pleno. Su mandato tendrá una duración de cinco años.
Una vez que concluya el periodo de consulta pública, el reglamento deberá ratificarse por la Corporación Municipal en sesión plenaria. El fin de esta nueva figura no es otro, según el Gobierno local, que implementar las medidas de transparencia y de participación en el Consistorio linarense.
