Aquí uno que sabe de lo que habla. Pasaba por allí, por el Parlamento, y traté de prestar atención. Se hablaba de Linares, de Santana, de nuestros vecinos. Había que tomar partido, y algunos lo hicimos. Otros no.
Y ahora vuelve, mientras intentamos reflotarla, otra vez Santana. Otra vez los juzgados. Y, como siempre, en campaña electoral. Ya lo sabéis, ahora empezarán los partidos a utilizar nuestro pasado, y nuestro futuro, como munición electoral. Nada nuevo. Lo de siempre. Y estamos cansados.
Un juez investiga —es su trabajo— a una veintena de antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía por su gestión de los fondos vinculados a Santana, y se ha desatado el habitual espectáculo. El juez investiga y unos acusan, otros defienden. Y en esto lo tengo claro: soy de los que defienden. De los que defienden a quienes defendieron a los trabajadores, a quienes les garantizaron sus prestaciones y su futuro.
Muchos calculan. Y casi nadie cuenta lo esencial. Adelanto, es mi estilo, una obviedad: si hubo delitos, que se investiguen. Si hubo responsables, que respondan. Sin excepciones.
Vamos a viajar en el tiempo. En 2011, Santana cerraba. Es indudable que la Junta de Andalucía había fallado en su gestión industrial. No perderé palabras en lo que ya se ha dicho. Vamos a las personas.
Centenares de trabajadores perdían su empleo. Centenares de familias quedaban a la intemperie. Entre los compromisos recogidos en el Plan Linares Futuro estaban los adquiridos por la Junta con los trabajadores. Y aquellos compromisos se cumplieron: los trabajadores cobraron sus prestaciones, se prejubilaron, se jubilaron. Entre todos pagamos sus cotizaciones, protegimos sus derechos y garantizamos el sustento, el futuro, de muchas familias. De hombres, mujeres, niños y jóvenes que querían labrarse un futuro.
Porque, aunque ahora apenas se diga, eso también pasó: hubo responsables políticos que asumieron decisiones y responsabilidades para garantizar el bienestar de muchos de nuestros vecinos.
Ahora llega el juez, quince años después, a investigar los procedimientos administrativos. Perfecto. Pongámosle ética: no es lo mismo apropiarse del dinero público para enriquecerse que incumplir la legalidad para hacer efectivos los derechos laborales. La ley contempla que ambas conductas pueden ser delictivas. Pero no es lo mismo. No. Equipararlas en el plano moral es una indecencia. Yo, por lo menos, lo tengo claro. Y más claro lo tendría si fuese un extrabajador o un familiar suyo.
Porque aquí aparece otra cuestión. Una cuestión incómoda. Especialmente para quienes recibieron aquellas prestaciones. Sé del compromiso de muchos de aquellos hombres que han devuelto con creces lo que hicimos por ellos. La Asociación de Voluntariado 28 de Febrero es el mejor ejemplo de cómo algunos se comprometieron socialmente. Lo repetiré, y creedme que es necesario que lo haga: sé del compromiso de aquellos trabajadores que han devuelto con creces lo que hicimos por ellos.
¿Estuvieron todos a la altura ética y moral de lo que recibieron? ¿Han sabido reconocer el esfuerzo colectivo que permitió garantizar sus derechos? ¿Han defendido después, con la misma determinación, los derechos de quienes no tuvieron su suerte?
Lo sé. Es una pregunta incómoda. Incómoda aquí, en Linares, donde nos conocemos. Más de 2.400 trabajadores se beneficiaron en los últimos treinta años de las medidas de protección laboral impulsadas por la Junta de Andalucía, que no es otro ente que nosotros mismos.
Lo explicaré: cobrar las prestaciones reconocidas era un derecho, aunque las medidas extraordinarias que las hicieron posibles no estaban garantizadas de antemano. Y la Junta cumplió. No espero de nadie agradecimiento ni que lo considere un favor. Otra cosa es reconocer la verdad, que es un deber. Un deber moral. Como también lo es ejercer la solidaridad con quienes vienen detrás, por una cuestión de coherencia.
Creo que es pública y conocida mi posición política respecto a Santana, a lo que se hizo bien con los extrabajadores y a lo que se hizo mal con la gestión de la fábrica. Por eso me resulta duro, y desolador, que algunos de quienes fueron protegidos por una decisión política se sumen hoy, sin el menor matiz, a quienes quieren utilizar aquella protección para alimentar el descrédito y el enfrentamiento.
Yo, si estuviera en su lugar, y hubiese enfrentamiento, sabría bien con quién iría. No esperar el aplauso de los míos, ni de los otros, tiene estas cosas. El precio de la libertad. Por eso no espero de los extrabajadores adhesiones partidistas ni gratitudes eternas. Es un tema de principios, de honestidad, de memoria, de ética.
Así que no espero el aplauso de los míos, pero sí echo en falta la defensa honesta hacia quienes hicieron posible que esas ayudas llegasen a mis vecinos, a los trabajadores de Santana, y a otras empresas. Y espero esa defensa de mis compañeros, de mis compañeras, aunque me temo hacerlo en el desierto.
Y, en otros niveles, los partidos continúan con su previsible intercambio de reproches e insultos. Santana, la nuestra y la de los trabajadores, sirve para acusar, justificarse y ajustar cuentas. Pero para reconocer que se acertó, para reconocer que centenares de familias pudieron seguir adelante, bastante menos.
Pues que se investigue hasta el último euro, que se depuren todas las responsabilidades. Y que no se oculte lo que también debe esclarecerse: si las posibles irregularidades respondieron al propósito de cumplir los compromisos con los trabajadores y sus familias. Porque las prestaciones se pagaron y aquello tuvo, y sigue teniendo, consecuencias reales en sus vidas.
Pues que la justicia determine si hubo delitos. Que los políticos y los sindicatos expliquen por qué se tomaron aquellas decisiones. Y que cada cual, incluidos quienes se beneficiaron de ellas, responda ante su propia conciencia y ante quienes, con nuestros impuestos, lo facilitamos. Y ahora acabo, citándome a mí mismo: “La ley exige responsabilidad. La memoria, también”.
