La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Linares [número 5] ha citado a declarar este lunes, 3 de noviembre, al concejal de Hacienda del Ayuntamiento linarense, el popular José Luis Roldán, como investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
El origen de esos posibles delitos está en las bonificaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra (ICIO) concedidas por el Ayuntamiento para la reforma integral de la Residencia para Personas Gravemente Afectadas Zaytum, que ejecuta la Junta de Andalucía, y al arreglo del tejado de la parroquia de San Francisco.
La propuesta de esta reducción fiscal fue aprobada en el pleno del pasado 21 de abril, con los votos favorables del PP y Vox, pero con el rechazo del PSOE e IU, después de un intenso debate, en el que el principal partido de la oposición cuestionó la legalidad de la medida, al entender que la solicitud se presentó fuera de plazo y era una obra menor.
Incluso, en un primer momento, la bancada socialista se negó a emitir su voto, puesto que, en su opinión, contravenía a la ordenanza y, por lo tanto, se podría incurrir en un delito. Tras un tira y afloja con la alcaldesa, Auxi del Olmo, el PSOE aceptó quedarse y votar en contra, al igual que Izquierda Unida, que también «mostró serias dudas» sobre estas bonificaciones.
En esa misma sesión, tanto el portavoz socialista, Javi Perales, como la concejal Raquel Ortiz advirtieron al resto de corporativos que se podría estar incurriendo en un delito, a pesar de contar con «los informes favorables del secretario, tesorería y jefa de rentas», tal y como defendió el propio Roldán en la sesión.
«Se han presentado expedientes incompletos, fuera de plazo y sin cumplir las condiciones que exige la propia ordenanza. Esta forma de actuar abre la puerta a posibles casos de prevaricación», replicó Ortiz en su intervención.
Conviene recordar, además, que en el turno de ruegos y preguntas, Perales preguntó expresamente a la alcaldesa si conocía el contenido de la citada ordenanza, para señalar, acto seguido, que «lo aprobado en el pleno entraba en contradicción directa con la misma».
Todo esta situación derivó en una querella criminal del Grupo Municipal Socialista en la que también solicita que «se extiendan las acciones penales y civiles que se deriven, contra aquellas personas o entidades que, en el curso de la investigación, aparezcan como criminal o civilmente responsables», dicta el documento al que ha tenido acceso este medio.
José Luis Roldán, que tendrá que personarse este lunes en el Tribunal de Instancia de la calle Cánovas del Castillo, criticó duramente la posición del PSOE e IU por cuestionar los informes elaborados por los técnicos su departamento y el secretario municipal, al tiempo que acusó a ambas formaciones de izquierdas de ser responsables de la renuncia de la Cofradía de la Virgen de Linarejos a la misma bonificación.
Y es que, unos días después de aprobarse, la propia cofradía decidió renunciar a ella para evitar la politización de este asunto y eliminar, de este modo, cualquier resquicio de duda sobre la conveniencia o no de esta prerrogativa.
Este periódico ha tratado de conocer la opinión del equipo de Gobierno del PP sobre esta cuestión sin recibir, hasta el momento, respuesta alguna.
