El mercado ilegal de empadronamientos ha estallado en Linares. Según ha podido saber El Nuevo Observador de distintas fuentes, en las últimas semanas se ha desarrollado una operación policial contra una red dedicada presuntamente a facilitar altas fraudulentas en el padrón municipal a inmigrantes en situación irregular. El balance provisional deja 17 personas detenidas y otras 26 pendientes de arresto que se encuentran en diferentes puntos del país.
La investigación se centra en viviendas utilizadas para registrar a decenas de personas que, en realidad, nunca llegan a residir en ellas. Uno de los casos detectados por los investigadores revela que hasta 20 personas extranjeras en situación de vulnerabilidad administrativa que figuraban empadronados en un piso de apenas 80 metros cuadrados situado en una determinada zona de la ciudad. La mayoría son ciudadanos de origen marroquí y argelino. «Llegan a Linares, se empadronan y luego se van», resume una de las fuentes consultadas por este periódico.
Vecinos de varios barrios aseguran que el fenómeno lleva tiempo creciendo de forma silenciosa. “No tienen intención de vivir aquí. Solo les interesa el padrón”, lamenta una residente de la ciudad en declaraciones a este periódico. Según explica, muchos de los inmuebles utilizados para estas prácticas se encuentran en zonas humildes donde abundan alquileres baratos, habitaciones compartidas y viviendas con escaso control administrativo.
Las pesquisas apuntan a un sistema organizado en el que determinadas personas cobraban cantidades económicas a cambio de facilitar contratos de alquiler ficticios o autorizaciones para empadronarse en domicilios donde realmente no residían. El objetivo principal era obtener documentación básica para acceder posteriormente a determinados servicios públicos, iniciar trámites de regularización o desplazarse después a otras ciudades españolas.
Las mismas fuentes explican que el negocio se mueve, sobre todo, a través de contactos personales y redes informales. Aunque en internet existen anuncios relacionados con este tipo de servicios, la mayoría de acuerdos se cierran sin dejar apenas rastro documental.
El padrón municipal se ha convertido en una herramienta clave para acceder a derechos básicos. Permite solicitar asistencia sanitaria, matricular a menores en centros educativos o acreditar arraigo administrativo. Precisamente por ello, organizaciones sociales recuerdan que todas las personas tienen derecho a empadronarse en el municipio donde residen habitualmente, independientemente de su situación administrativa.
Sin embargo, distintas entidades llevan años alertando de que las dificultades burocráticas y la falta de vivienda estable empujan a muchas personas vulnerables hacia circuitos irregulares. «Cuando los trámites se eternizan o no pueden demostrar un domicilio fijo, aparecen quienes hacen negocio de esa necesidad», explica Ana Catalina Verona, de la Asociación Solidari@s Sport.
El problema también preocupa a propietarios de la ciudad. Algunos arrendadores aseguran haber detectado casos de personas que alquilan una habitación durante pocas semanas únicamente para conseguir el alta en el padrón y abandonan después el inmueble sin tramitar la baja correspondiente.
Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. La operación ha permitido destapar un entramado que podría extenderse más allá de Linares y conectar con otras provincias andaluzas y ciudades españolas donde algunos de los investigados habrían continuado residiendo tras obtener el empadronamiento.
