Linares dejó patente hace cuatro años su descontento, cuando miles de personas recorrieron el centro de la ciudad para recordar que existe un territorio olvidado, vapuleado y ninguneado por las administraciones.
Linares tenía en ese momento una población de 57.811 habitantes. De aquella manifestación a nuestros días, esa cifra ha quedado reducida a 55.729, según la última revisión del padrón, a 1 de enero de 2022, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Linares tiene los mismos problemas o más que en aquellas multitudinarias movilizaciones, pero con 2.082 vecinos menos, lo que equivale a la población de Jabalquinto. El dato se agrava más si ponemos la lupa en la década, con una pérdida de censo de 5.211 personas.
Ningún partido del arco municipal ha entrado en el fondo de la cuestión, ni siquiera se ha pronunciado sobre ello. El debate político se centra en otros menesteres y en discusiones estériles sin poner encima de la mesa ni una sola medida para frenar esta sangría que amenaza la sostenibilidad de Linares como ciudad.
Ningún Gobierno municipal, de un tiempo a esta parte ni anterior, ha priorizado en este asunto. Se ha dedicado más culpar al vecino de la situación del municipio y a embarrar la política local, simple y llanamente por fines electoralistas, sin pensar en este desafío titánico al que se enfrenta una población cada vez más envejecida y sin alternativas laborales que inviten al optimismo.
Todo ello es fruto del bajísimo nivel político de la Corporación Municipal, de los que están y de los que dejaron su acta para dedicarse a ver los toros desde la barrera sin aportar solución alguna a la despoblación que sufre la ciudad.
El grito de desesperación de los ciudadanos se puede oír en la lontananza, sobre todo de aquellos jóvenes que se han visto empujados a buscarse la vida en otro lugar, no por gusto, sino por obligación.
Esa desconfianza se traduce en una crisis de representación ante la ausencia de propuestas ligadas a revertir la situación. Urge un paco local para reclamar que los administraciones de mayor rango que pasen de las palabras a los hechos y hagan cumplir sus compromisos. El diagnóstico es unánime y no queda tiempo que perder.
