El PP defenderá este martes una moción en el pleno de Diputación con el objetivo de que la Administración provincial cree «un negociado de ruinas» para ayudar a los municipios jiennenses a asumir el procedimiento administrativo para los casos de incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de inmuebles que se quedan abandonados.
Señalan en un comunicado que «debido a la galopante despoblación que sufre el entorno rural, multitud de casas se acaban abandonando y terminan en estado de ruina», un problema, que según el PP, es «creciente» en la provincia.
Los ayuntamientos, según dicta la ley, pueden ordenar a los propietarios la ejecución de las obras necesarias para mantener las condiciones de seguridad y salubridad, pero «el problema sobreviene cuando en los pequeños municipios jiennenses muchos de estos edificios no tienen un dueño claro o este no tiene los recursos económicos suficientes para hacer frente a la intervención» que le exige la ley.
Estos casos «suponen importantes costes para los ayuntamientos» con menos población que, por norma general, «carecen de técnicos competentes en la materia y que sean funcionarios y cuentan con técnicos externos a los que hay que pagar por cada servicio prestado». «Al final supone un gasto muy importante incoar un expediente de ruina en presupuestos ya de por sí muy ajustados», han explicado en un comunicado este lunes el portavoz del Grupo Popular, Luis Mariano Camacho, y el diputado provincial, Nicolás Grimaldos.
Para mitigar este efecto los populares han registrado una moción en la que demandan a la Administración Provincial que, «como hacen ya otras diputaciones», ayude a los municipios jiennenses con esta problemática, asumiendo el procedimiento administrativo para los casos de incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de inmuebles.
Así, el negociado de ruinas deberá dotarse con los medios materiales, económicos y humanos necesarios para desarrollar su nueva labor. Según el PP, será la Diputación de Jaén, tras firmar un convenio con las poblaciones interesadas, quien adelante el dinero para hacer frente al expediente completo en caso de que la población no tenga capacidad económica suficiente, para que el municipio solicitante pueda devolverlo dentro de unos plazos a estipular.
La Diputación redactará un convenio al que podrán adherirse todos los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes con el fin de enviar de forma conjunta al Gobierno de España un listado con aquellos «inmuebles vacantes», que en caso de no tener propietario conocido deberá asumir el Estado.
«Todas estas viviendas abandonadas suponen otro varapalo para las arcas de nuestros municipios, que ya de por sí no cuentan con demasiados recursos», ha subrayado Camacho, al tiempo que ha recordado que la obligación de las Diputación Provinciales es la de dar soporte a los ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, «asumiéndolas cuando aquellos se las encomienden».
