El Tribunal de Instancia de Linares ha decidido archivar la querella por presunto delito de coacciones que interpiso Antonio Salvador Valero, antiguo jefe de obras de la planta de Desay SV en el Parque Científico Tecnológico del Transporte, contra el arquitecto municipal del Consistorio linarense, Rafael Rascón. Así lo recoge el auto al que ha tenido acceso El Nuevo Observador, firmado el pasado 24 de septiembre por la jueza Mercedes Ruiz Lara, titular de la Sección Civil y de Instrucción.
El origen del conflicto se remonta al año pasado. Salvador denunció que Rascón había generado un ambiente de trabajo hostil durante la construcción de la nave industrial de la multinacional china en la parcela C del recinto.
Según su querella, el funcionario municipal lo despreció como técnico y presionó a la empresa constructora para conseguir su despido, algo que finalmente ocurrió. La jueza admitió entonces la querella a trámite y citó a Rascón a declarar como investigado.
Un año de instrucción sin hallar indicios de delito
Tras meses de diligencias, declaraciones y testificales, la instrucción no ha encontrado nada que sostenga la acusación inicial. El representante de la empresa constructora explicó que la baja de Valero respondió a motivos internos, ligados al tipo de trabajo para el que estaba contratado. El propio Rascón negó haber tenido ninguna influencia en la contratación o en la ejecución de la obra, algo que, según defendió, corresponde en exclusiva a la empresa adjudicataria una vez firmado el contrato.
La declaración con más peso fue la de una testigo, encargada de zona y con relación directa con la subdirección técnica del proyecto. Reconoció que fue ella quien decidió mantener a Antonio Salvador al margen de ciertas reuniones con el Ayuntamiento, precisamente porque sabía que tenía litigios abiertos con el Consistorio y no quería que eso afectara a la marcha de la obra. Aun así, insistió en que el despido no tuvo nada que ver con eso, sino con la propia política de la empresa. Con ese panorama, la jueza concluye que no hay indicios racionales de delito.
La ampliación por revelación de secretos, también fuera
Durante el proceso, la acusación amplió los hechos e intentó sumar un segundo delito, el de descubrimiento y revelación de secretos, relacionado con comentarios sobre los litigios de Valero con el Ayuntamiento.
Aquí el auto se detiene bastante, con abundante cita de jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional para explicar la diferencia entre intimidad y secreto.
La conclusión es que lo que se llegó a comentar —la existencia de litigios, sin entrar en detalles— no entra dentro de esa esfera íntima que la ley protege. Así que tampoco hay delito por ese lado, y la jueza rechaza tanto la ampliación de la querella como la práctica de nuevas diligencias.
El auto recuerda, además, que la Audiencia Provincial de Jaén ya había avalado antes esta misma línea, al desestimar en julio un recurso que pedía más diligencias de investigación.
La resolución final es de sobreseimiento y archivo por inexistencia de indicios racionales de criminalidad. Eso sí, el auto no es firme: las partes tienen plazo para recurrir, así que el caso todavía podría no haber dicho su última palabra.
