La Comisaría de la Policía Nacional de Linares arrastra desde hace años una cadena de episodios que han erosionado su imagen pública y tensionado la vida interna del cuerpo. El último golpe llegó este miércoles 10 de junio, cuando una operación dirigida por la Unidad de Asuntos Internos desembocó en la detención de cuatro agentes del Grupo de Estupefacientes, además de otras veintena de personas relacionadas con una presunta trama de narcotráfico en Linares, la Estación Linares-Baeza y municipios cercanos.
El golpe de Asuntos Internos
La investigación, dirigida por Asuntos Internos, comenzó con registros simultáneos en el barrio de Arrayanes y en dependencias policiales de Linares. El foco se sitúa en varios clanes dedicados al tráfico de drogas que operaban en Linares, la Estación Linares-Baeza y otros municipios de la provincia. Entre los detenidos figuran cuatro policías nacionales pertenecientes al Grupo de Estupefacientes de la comisaría linarense.
El impacto interno ha sido inmediato. Según fuentes cercanas al cuerpo, el Grupo de Estupefacientes fue disuelto hace unas semanas, una decisión que ahora se interpreta como el preludio de una intervención mayor. Además, el comisario Javier Cazorla fue trasladado a otro destino poco antes de que estallara la operación, un movimiento que ha alimentado las especulaciones dentro y fuera de la comisaría.
Un ambiente enrarecido
En los pasillos de la comisaría se respira un clima extraño. Hay agentes “sobrecogidos” por la dimensión del escándalo, otros se muestran “aliviados” porque, según admiten algunos compañeros, “había demasiados rumores desde hacía tiempo”, y también quienes viven el momento con pesar y vergüenza, obligados a soportar el bochorno que el caso supone para el resto de la plantilla.
Ese estado de ánimo refleja una sensación compartida: el daño reputacional trasciende a los investigados y alcanza a todo el cuerpo en una ciudad donde la Policía Nacional ha sido noticia en varias ocasiones por episodios especialmente delicados.
La sombra de 2021
El recuerdo más traumático sigue siendo el de febrero de 2021, cuando dos agentes de paisano —un subinspector y un policía— propinaron una brutal paliza a un vecino y a su hija de 14 años tras una discusión en la terraza de una cafetería. Las imágenes grabadas por testigos y difundidas en redes sociales provocaron una ola de indignación que desembocó en graves disturbios en las calles de Linares.
La noche terminó con 13 detenidos, 20 agentes heridos leves y cuantiosos daños materiales. Los dos policías ingresaron en prisión provisional y, tres años después, en abril de 2024, fueron condenados por un delito de lesiones, con una indemnización de 75.000 euros para la víctima.
Aquel episodio marcó un antes y un después en la relación entre la ciudadanía y la comisaría linarense. El Ayuntamiento y la propia Dirección General de la Policía condenaron entonces una conducta que “ensuciaba la imagen del Cuerpo”.
Operación ‘Pinocho’
La actual operación tampoco es la primera vez que Asuntos Internos apunta hacia Linares. En 2011, un agente destinado en la misma comisaría fue detenido e ingresado en prisión preventiva por presuntamente colaborar con una banda de narcotraficantes. La investigación, conocida como operación ‘Pinocho’, reveló que el policía habría alertado a los traficantes sobre redadas y registros a cambio de dinero.
Las grabaciones telefónicas obtenidas entonces por los investigadores mostraban, según el sumario, cómo el agente informaba a los miembros del clan sobre movimientos policiales y posibles registros. Aquel caso ya dejó una huella profunda en la plantilla y en la imagen pública de la comisaría.
Una institución bajo presión
Con la operación de junio aún abierta, la Policía Nacional evita ofrecer detalles y mantiene la investigación bajo máxima discreción. Pero en Linares el debate ya está instalado: cómo una comisaría puede encadenar durante años episodios tan graves sin que salten antes las alarmas internas.
La sensación en la ciudad es de desgaste acumulado. Los escándalos no responden a un único hecho aislado, sino a una sucesión de episodios que han ido erosionando la confianza en una institución esencial para la seguridad pública. Mientras Asuntos Internos avanza en la investigación, la comisaría de Linares afronta ahora el reto más difícil: reconstruir su credibilidad.
