«Nadie advirtió de que podíamos estar incurriendo en una ilegalidad»

Cilu lamenta la apertura de diligencias a los 15 concejales que votaron en contra de la incompatibilidad del portavoz socialista, Javier Palacios

Por:Javier Esturillo
Javier Bris durante una intervención en el pleno del Ayuntamiento de Linares. Foto: Javier Esturillo

El nuevo giro de tuerca que ha dado la política linarense en sede judicial ha incrementado el nivel de crispación en el Ayuntamiento y ha distanciado aún más al Gobierno local (Ciudadanos y Partido Popular) de la oposición en plena tramitación de los presupuestos municipales de 2022.

La decisión del Juzgado Mixto número 1 de Linares de emitir un auto por el se abren diligencias y se pide al Consistorio que aporte el acta del pleno celebrado el pasado 24 de marzo para poder identificar a los 15 concejales que votaron en contra de la declaración de incompatibilildad del portavoz socialista, Javier Palacios, ha sido recibido por los grupos de la oposición con escepticismo y malestar.

Para Cilu, solo se trata de una maniobra más para dilatar la moción de censura y recuerda en una nota que «no existió ningún tipo de advertencia de ilegalidad en la votación ni en el expediente administrativo remitido al pleno», señalan desde las filas del partido localista. En este sentido, aclara que fue con posterioridad a la votación cuando «se pone en duda la legalidad de la acto para sorpresa de los allí presentes como se puede ver en el video del pleno», subrayan.

Cilu lamenta que el bipartito tenga que recurrir a estar artimañas para mantenerse en el poder y lamenta nuevamente que el Ayuntamiento de Linares formara un expediente «sin dar audiencia a los interesados, en este caso 15 munícipes».

Es más, en opinión de la formación liderada por Javier Bris, el citado expediente fue remitió al juzgado «por orden del alcalde y en connivencia con el Secretario General de la Corporación», con «el único objeto de que se abriera una causa penal a través de la Fiscalía», «De esa manera, se garantiza que se mantenga en suspenso el pleno de la moción de censura, que, por otra parte, ya había subsanado las deficiencias administrativas que se habían encontrado», apostilla.

Cilu sigue adelante de tomar cuantas acciones legales sean oportunas «contra empleados y autoridades públicas implicadas por sus actuaciones irregulares, interesadas, y arbitrarias».

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