Conviene decirlo desde el principio: no soy imparcial. Ni lo pretendo. A estas alturas sería casi ridículo fingirlo. Cuando una parte de la derecha convierte el lawfare en una forma de hacer política y celebra cada resolución contra el entorno de Pedro Sánchez como si fuera un trofeo, algo termina por romperse. Y no hablo solo del adversario político. Hablo del propio marco desde el que discutimos.
No me refiero a un episodio aislado. Hay una condena de nueve años de inhabilitación por una prevaricación administrativa que ni siquiera la Fiscalía consideró con la misma gravedad. Hay causas que se abren contra el criterio del Ministerio Fiscal. Hay campañas que nacen antes en pseudomedios que en los juzgados. Hay asociaciones convertidas en arietes procesales. Todo sucede al mismo tiempo y, casi siempre, en la misma dirección.
Entonces ocurre algo que era perfectamente previsible: empieza a instalarse la desconfianza. Primero hacia algunos jueces. Después hacia determinados procedimientos. Al final, hacia el sistema entero. Se extiende la sensación —acertada o no— de que hay quienes han decidido librar la batalla política desde los tribunales.
Y ahí aparece la paradoja.
La derecha ha utilizado durante años la autoridad de los jueces como un arma arrojadiza contra sus adversarios. Ha convertido cada imputación en una condena anticipada y cada resolución judicial en una exigencia inmediata de dimisión. Lo ha repetido tantas veces que ha terminado vaciando de fuerza el propio argumento.
Porque el abuso tiene consecuencias. La principal es esta: cuando todo parece una maniobra, nada conserva intacta su autoridad. Ya no se percibe justicia; se sospecha estrategia. Ya no se interpreta una resolución como el ejercicio normal del Estado de derecho, sino como un movimiento más dentro de una partida política. Y cuando esa sospecha prende, cambia también la reacción.
Donde antes había dimisiones, ahora hay cierres de filas. Donde antes había desgaste político, ahora hay resistencia. No necesariamente porque los acusados sean inocentes, sino porque una parte de la sociedad ha dejado de confiar en que los procedimientos estén completamente al margen de la contienda política.
Lo irónico es que ese mecanismo puede acabar volviéndose contra quienes lo alimentaron. Quien convierte la justicia en un instrumento de combate termina debilitando precisamente aquello que decía defender: la autoridad de la justicia.
Ese es, para mí, el verdadero daño.
Porque las sentencias pueden discutirse. Las decisiones judiciales pueden recurrirse. Incluso los jueces pueden equivocarse. Lo verdaderamente peligroso es otra cosa: que la confianza en la justicia deje de ser un patrimonio común y pase a depender del color político de quien resulta beneficiado o perjudicado por una resolución.
Cuando la sospecha deja de ser una excepción y se convierte en el punto de partida, todos perdemos. No pierde solo un Gobierno. No pierde solo un partido. Pierde una democracia que necesita creer que sus instituciones pertenecen a todos y no a una mitad contra la otra.
Y ese desgaste, a diferencia de una legislatura o de una sentencia, tarda mucho más en repararse.
Va contra nosotros, contra la sociedad.
