El susto llega sin avisar y, en muchos casos, sin explicación aparente. Con la campaña de la Renta en marcha, varios vecinos de Linares han descubierto que Hacienda les atribuye ingresos por apuestas online que nunca han realizado. Detrás de esa anomalía hay un fenómeno creciente de suplantación de identidad que empieza a aflorar con mayor claridad tras los últimos cambios normativos.
Juan —nombre ficticio para preservar su identidad— es uno de los afectados. Acudió a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la ciudad minera tras comprobar que en sus datos fiscales figuraban ganancias de juego inexistentes. Como él, al menos otras tres personas han presentado denuncia en la ciudad, según ha podido saber este periódico. Pero las fuentes consultadas advierten de que podrían ser muchas más las víctimas que aún no han detectado el problema.
El origen de estos casos se sitúa en el funcionamiento de determinadas redes vinculadas a las apuestas online. Jugadores semiprofesionales, que operan con herramientas informáticas para maximizar beneficios, recurren a identidades ajenas para seguir activos cuando las plataformas detectan patrones profesionales y bloquean sus cuentas. Para ello, obtienen datos personales —como el DNI— de terceros, abren perfiles a su nombre y canalizan a través de ellos su actividad.
Zona gris
Durante años, parte de este ecosistema operó en una zona gris. Algunas casas de apuestas, con sede fuera de la Unión Europea, no estaban obligadas a informar a la Agencia Tributaria de las ganancias de sus usuarios. Esa opacidad permitía que los beneficios escaparan al control fiscal. Sin embargo, desde 2024, Hacienda exige a estas compañías que comuniquen los rendimientos si quieren operar en España. El resultado es que, por primera vez, el cruce de datos saca a la luz estas prácticas.
El efecto colateral es inmediato: contribuyentes ajenos a esas apuestas ven cómo se les imputan ingresos que, a partir de 2.500 euros, deben tributar en el IRPF. Estas redes han ido adaptando sus métodos para sortear los controles, recurriendo de forma sistemática a identidades de terceros sin su conocimiento.
El procedimiento es reiterativo. Cuando una cuenta empieza a generar beneficios relevantes, la plataforma la cierra. Entonces, los operadores buscan nuevos datos personales, abren otra cuenta y repiten el ciclo.
Denunciar y acreditar
Ante esta situación, la única vía para el afectado pasa por acreditar que no es el autor de esas ganancias. La recomendación es presentar una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil en cuanto se detecte la irregularidad. Ese documento se convierte en la pieza clave para justificar ante la Agencia Tributaria que los ingresos no son propios.
El siguiente paso es corregir la declaración de la Renta, eliminando las cantidades indebidamente imputadas, y acompañar un escrito explicativo dirigido a Hacienda junto con la denuncia. Si el organismo inicia un requerimiento por discrepancias en los datos fiscales, esa misma documentación servirá como respuesta.
La carga de la prueba, en la práctica, recae sobre el contribuyente. Los tribunales económico-administrativos vienen exigiendo que sea el afectado quien demuestre que esos ingresos no le pertenecen, lo que, en ausencia de otros medios, obliga a formalizar la denuncia como única herramienta válida.
Investigación compleja
Mientras tanto, la persecución de los responsables se presenta compleja. Las investigaciones dependen de rastrear direcciones IP, correos electrónicos o cuentas bancarias asociadas a las operaciones, un proceso que requiere la colaboración de las plataformas y que no siempre conduce a resultados concluyentes.
En este contexto, la campaña de la Renta se ha convertido en un inesperado punto de inflexión. Lo que durante años permaneció oculto en los márgenes del sistema aflora ahora en forma de notificaciones fiscales que dejan a los afectados en una posición tan desconcertante como vulnerable.
La recomendación de los expertos es clara: revisar con detenimiento los datos fiscales antes de confirmar la declaración y actuar con rapidez ante cualquier indicio de fraude.
