El Ayuntamiento de Linares declina realizar valoración alguna sobre la operación policial desarrollada en la ciudad en la que se ha desarticulado una organización presuntamente dedicada al empadronamiento fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular al encontrarse la investigación todavía abierta.
A preguntas de este periódico, fuentes municipales señalan, no obstante, que existe contacto permanente con la Policía Nacional y que se está prestando “la máxima colaboración” en el marco de las pesquisas.
La denominada operación Gloria se ha saldado, hasta el momento, con 17 personas detenidas y otras 26 identificadas y pendientes de arresto.
La investigación, desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Linares, comenzó hace aproximadamente siete meses tras detectarse anomalías en el padrón municipal. Según ha informado la Policía Nacional, los agentes observaron altas masivas en determinados domicilios en cortos periodos de tiempo, lo que levantó las primeras sospechas.
Las pesquisas permitieron descubrir un entramado organizado que captaba principalmente a ciudadanos de origen magrebí en situación irregular. A cambio de cantidades superiores a los 500 euros, se les ofrecía la posibilidad de empadronarse en viviendas de Linares sin residir realmente en ellas.
Según la investigación policial, la organización contaba con una estructura perfectamente definida encabezada por un ciudadano marroquí que actuaba como intermediario principal. Este individuo localizaba inmuebles para formalizar los empadronamientos, gestionaba el cobro de las cantidades acordadas y coordinaba a varios colaboradores encargados de acompañar a los inmigrantes durante los trámites administrativos en oficinas municipales y posteriores gestiones.
Hasta 21 personas empadronadas en una misma vivienda
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación ha sido la detección de viviendas de apenas 80 metros cuadrados en las que figuraban empadronadas hasta 21 personas, además de sus residentes habituales. Para la Policía Nacional, este hecho evidencia el carácter ficticio de las inscripciones y el uso sistemático de los inmuebles para sostener la actividad fraudulenta.
Los domicilios eran facilitados, presuntamente, por personas que residían en régimen de alquiler y que autorizaban los empadronamientos sabiendo que los interesados no vivirían allí. A cambio, recibían compensaciones económicas. Además, las viviendas eran utilizadas para la recepción de notificaciones oficiales y documentación relacionada con solicitudes de tarjetas sanitarias, autorizaciones de residencia o procedimientos de arraigo.
Durante la operación, los agentes intervinieron diversa documentación en inmuebles que se encontraban desocupados. La Policía sostiene que el empadronamiento fraudulento permitía a los beneficiarios aparentar arraigo en España y acceder de forma irregular a servicios públicos y trámites administrativos, como ayudas sociales, asistencia sanitaria o permisos de residencia y trabajo.ç
Delitos y sanciones
A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. La operación ha requerido, según fuentes policiales, un importante esfuerzo investigador debido a la dispersión geográfica de los implicados, algunos localizados fuera de España, así como a las dificultades idiomáticas y al uso de múltiples inmuebles.
Paralelamente a la causa penal, se han incoado tres expedientes administrativos sancionadores por infracciones muy graves contra los responsables de los inmuebles utilizados para los empadronamientos irregulares. Las propuestas de sanción oscilan entre los 10.001 y los 100.000 euros por cada inscripción fraudulenta detectada.
La operación Gloria continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones ni la aparición de otros inmuebles vinculados a esta actividad ilícita.
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